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El diálogo es la esencia de la vida política. A través del diálogo los diversos se reconocen, se escuchan y exponen sus intereses y puntos de vista sobre las realidades que conforman el mundo que comparten. A través del diálogo se buscan soluciones pacíficas que permitan la convivencia y preserven la pluralidad, condición sin la cual lo humano carece de sentido. Pero para quienes se imponen autocráticamente, el diálogo carece de sentido porque sólo pretenden relacionarse con los otros mediante la imposición de una relación ilegítima de mando-obediencia, relación que desconoce toda igualdad política entre ciudadanos. Para quien pretende imponerse en vez de convivir, el diálogo es un ejercicio inútil, cuando no falaz o expresamente orientado a la dilación y al engaño.
A día de hoy, cuando se vuelve a hablar de diálogo político fuera de las instituciones expresamente creadas para orientar tal actividad, conviene hacer algo de memoria. Tanto en los años 2002-2003 como en 2014 la conflictividad política en Venezuela alcanzó niveles tan preocupantes que diversos actores políticos, tanto nacionales como extranjeros, llegaron a la conclusión de que era necesario desarrollar algún tipo de mecanismo de facilitación del diálogo entre el gobierno y la oposición. Cabe hacer aquí una precisión de carácter técnico, antes de entrar en materia: a diferencia de lo que sucede en un proceso de mediación, el facilitador del diálogo no está facultado por las partes enfrentadas para realizar propuestas concretas.
En la primera oportunidad (2002-2003), dicha tentativa fue motivada por el fugaz derrocamiento de Hugo Chávez el 11 de abril de 2002 y contó con altos niveles de formalidad, cuando se estableció la llamada “Mesa de Negociación y Acuerdos” y fue conducida por César Gaviria, entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Mesa contó también con el apoyo técnico del Centro Carter. Tras 7 meses de prenegociación y otros tantos de negociación, se llegó a un acuerdo de 19 puntos, siendo el más importante de ellos el consenso en torno al referéndum revocatorio como la herramienta idónea para solventar la conflictividad del momento.
Sin embargo, muchos de esos puntos no se cumplieron. La iniciativa del referéndum estuvo plagada de trabas impuestas por el gobierno, que logró demorar su convocatoria y realización durante más de un año —el acuerdo de la Mesa se firmó el 29 de mayo de 2003, mientras que el referéndum se realizó el 15 de agosto de 2004— y recuperarse políticamente antes de someterse a la consulta popular. Entre esas trabas se contaron las dificultades en la elección de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), la emisión del respectivo reglamento, las restricciones para recoger y validar las firmas de quienes solicitaban el referéndum, las maniobras de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para impedir a que la Sala Electoral agilizara el proceso, la obligación de firmar en unos “reparos” a aquellas personas a quienes (en contra de toda lógica jurídica) se les dictaminó que su firma era “plana”, etc. Además, los precios del petróleo se duplicaron durante ese periplo y el gobierno puso en práctica las llamadas “misiones”, con lo que pudo recuperar su popularidad. Finalmente, el resultado electoral refrendó a Chávez en la presidencia, y a partir de ese momento se estableció una hegemonía política que poco tuvo que ver con una verdadera democracia. La conflictividad disminuyó, pero el régimen se consolidó.
En la segunda oportunidad, y en medio de un ciclo de protestas que se extendió por varios meses, se recurrió a una nueva tentativa de facilitación del diálogo, que en esa ocasión no contó con una fase de prenegociación, no estableció una agenda de puntos a tratar y ni siquiera incluyó las palabras “negociación” o “acuerdos” en su repertorio de ideas a tratar. En esa oportunidad, la instancia facilitadora estuvo constituida por una terna de cancilleres de países miembros de Unasur, organismo recientemente creado, dirigido —tanto entonces como hoy— por el ex presidente colombiano Ernesto Samper y mucho más afín al chavismo que la OEA. Sus resultados se limitaron a la realización de un debate televisado y a una serie de reuniones a puerta cerrada, además de alguna que otra concesión a una lista de presos políticos que no había hecho sino aumentar durante la represión a las protestas callejeras contra el gobierno.
Se atribuye a Marx aquello de que la historia tiene lugar dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Desconozco lo que pensaba el filósofo alemán con respecto a los hechos que acontecían por tercera vez. Pero en todo caso, y sin caer en la falacia de que la historia siempre nos enseña lo que hemos de hacer en el presente o en el futuro, cabe esperar que de la experiencia se extraiga algún aprendizaje.
En lo particular, y tal como he planteado inicialmente en mi libro Apaciguamiento. El referéndum revocatorio y la consolidación de la Revolución Bolivariana (Alfa, 2012), me parece que de estas experiencias recientes se pueden extraer las siguientes conclusiones.En primer lugar, el chavismo ha demostrado —a lo largo de sus diversas fases, a través de las cuales ha experimentado mutaciones importantes— que siempre ha estado dispuesto a pagar (o a hacer pagar a otros) altos precios para mantenerse en el poder. Su disposición a aguantar en el cargo contra viento y marea excede con mucho lo que caracterizaría a un talante democrático.
En segundo lugar, el chavismo ha aceptado o incluso promovido estas vías extrainstitucionales de “diálogo” cuando la presión política y social se le ha hecho muy difícil de manejar a través de los órganos del Estado, los cuales mantiene bajo su control desde 2004. Difícilmente alguien negocia lo que puede obtener sin negociar y el chavismo ha logrado hacerse con la hegemonía del control político sin negociar con la oposición. Sólo se ha sentado a dialogar cuando amenazar no le alcanza para garantizar la obediencia de la población o de quienes ejercen el poder desde los distintos órganos del Estado. Usualmente, lo ha hecho con la esperanza y propósito de ir ganando tiempo mientras recupera dicho control y divide a la oposición.
En tercer lugar, y por la razón anterior, el debate entre “votos” y “calle” en la oposición es improcedente, por no decir absurdo. Si por un lado votar es un acto primordial dentro de las acciones políticas enmarcadas dentro de la Constitución y las leyes, por otro lado la protesta, la organización social y el desconocimiento de disposiciones inconstitucionales e ilegales también lo son, especialmente cuando no hay estado de derecho. La presión popular constante y organizada es lo que hace que actos como el del voto mantengan su valor ante quienes quieren desvirtuarlo por vías evidentemente arbitrarias, con lo cual desmontar la protesta para sentarse a dialogar equivale a retirar de la agenda cualquier punto de diálogo sustantivo. En este sentido, vale la pena apuntar que “calle” o presión popular no se reducen a realizar marchas, sino al ejercicio constante, deliberado y organizado de una articulación política y de una rebeldía consciente ante hechos y actos que no son justos, ni democráticos, ni apegados a derecho.
Cuarto, la naturaleza de la conflictividad política y social en la Venezuela de hoy no permite su adecuada canalización y eventual resolución por medio de mecanismos exclusivamente electorales. El conflicto no se agotará en cuanto Miraflores cuente con inquilinos distintos a los actuales, así como no ha amainado con una diferente composición de la Asamblea Nacional. La crisis nacional ha alcanzado un nivel de descomposición tal que sin, acuerdos políticos de gran calado —que pasan necesariamente por la generación de un nuevo modus vivendi y de un modelo económico oportuno y viable para el país—, no será posible vislumbrar una solución pacífica a nuestra tragedia nacional. Por lo tanto, no tiene demasiado sentido establecer canales extrainstitucionales de diálogo con el objeto de ponerle fecha a jornadas electorales, asunto perfectamente regulado ya por normas vigentes cuyo cumplimiento es necesario exigir.
En virtud de todo lo anterior, es posible elaborar un razonamiento fundamental: las diatribas políticas intraestatales han de resolverse a través de las instituciones del Estado y en el marco del estado de derecho. Pero cuando actores autocráticos lo impiden, el conflicto político se hace con frecuencia peligroso e inmanejable, haciéndose a veces necesario recurrir a instancias políticas extrainstitucionales, como es el caso de conversaciones facilitadas por actores internacionales. Sin embargo, para ello será necesario determinar previamente el grado de asimetría existente entre los bandos en conflicto, en cuanto a poder y apego a la ley. Y sobre todo, para quienes defienden la democracia liberal, será imprescindible establecer si su oponente es un actor razonable, dispuesto a transigir para alcanzar un modus vivendi aceptable y relativamente estable en el marco de la democracia y del estado de derecho, o si su manera de actuar se caracteriza por plantearse objetivos ilimitados o intolerables.
En el primero de estos casos, posiblemente valdría la pena perseverar en un diálogo que necesariamente debería pasar por una negociación y unos acuerdos, si se pretende que dicho diálogo sea fructífero. En el segundo caso, por el contrario, se impone una mera relación dictatorial de mando-obediencia que sólo se funda en la amenaza, por lo cual el diálogo es un ejercicio espurio que no implica un verdadero reconocimiento mutuo. En este caso, dialogar será sinónimo de apaciguamiento. Churchill definía al apaciguador como aquella persona que se dedica a alimentar a un cocodrilo esperando que se lo coma a él de último. El apaciguador tratará de evitar el conflicto mediante continuadas concesiones, sólo para terminar perdiéndolo, sin haber ofrecido resistencia y a un costo menor para el agresor.
Por lo tanto, ante la tercera tentativa de diálogo extrainstitucional que se plantea entre el chavismo y la oposición, y en función de las consideraciones anteriores, habrá que examinar si vale la pena sentarse a dialogar o negociar lo que debe cumplirse por expresa disposición constitucional, legal y reglamentaria, en vez de exigir su cumplimiento. También hay que considerar que el diálogo, en caso de darse en esta oportunidad, debería centrarse en establecer los términos concretos de la convivencia en el marco de un nuevo gobierno para lograr así una progresiva normalización del país dentro del estado de derecho —o de lo que para todos los efectos es lo mismo, dar paso a una transición a la democracia—.
Igualmente, habrá que comprender la incongruencia que significa desmontar, con el propósito de sentarse a dialogar, los mecanismos legítimos de presión con los que cuentan los demócratas, llámense “calle”, Carta Democrática de la OEA, referéndum revocatorio, exigencia de la renuncia, etc. Esa presión es el único aval con el que cuentan para que una negociación tenga sentido y conduzca a eventuales resultados. Y habrá también que exigir mínimos gestos de buena voluntad —como la liberación de los presos políticos— por parte de quien ocupa la jefatura de Estado a través de los cuales pueda apreciarse con claridad el propósito de cambiar las desastrosas políticas que han llevado al país a convertirse en un Estado fallido. Sólo así podrá pensarse que un nuevo ejercicio de “diálogo”, facilitado por terceros, no corresponde a un nuevo caso de apaciguamiento.
Por otro lado, y más allá de lo que decidan los principales actores políticos, es necesario recordar que esta lucha es de todos, y que en ella nos lo jugamos todo. Ninguna lucha es agradable, ni toda lucha garantiza de antemano la victoria. Pero hay luchas que no podemos escoger no afrontar, incluso si en ellas corremos serio riesgo de ser derrotados. Tales son las luchas que damos cuando nuestra vida y libertad se encuentran en juego, cuando alargar nuestro sometimiento no es un gesto de caridad o buena voluntad, sino una incongruencia inútil que prolonga la tiranía y ofende la más elemental dignidad y amor propio. ¿Cuánta humillación, cuánta miseria, cuánto sometimiento y cuánta muerte absurda e impune estamos dispuestos a tolerar? ¿Por qué lo toleramos? ¿Por miedo? ¿Por incapacidad para organizarnos? ¿Por ganas de no pensar? ¿Por razonamientos falaces que en última instancia nos piden que, mientras encontramos una solución, sigamos obedeciendo lo que está mal y lo que menoscaba nuestra propia vida y libertad?
Considero que todo avance con respecto a una situación como la que vivimos hoy en día pasa por la reflexión de cada quien sobre tales preguntas, por tratar de responderlas atinadamente y por actuar en consecuencia. No hay respuestas que no provengan del juicio que podamos elaborar individualmente, desde lo más profundo de nuestra conciencia, acerca de lo que está bien y lo que está mal.
Fuente: Prodavinci
