Comunicado de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil organizada ante la situación del país

Nosotros, organizaciones representativas de la sociedad civil venezolana, denunciamos a la opinión pública nacional e internacional, que las recientes ilegalidades de los poderes electoral y judicial, acordadas en abierta concertación de propósitos con el poder ejecutivo, van dirigidas a seguir minando de obstáculos operativos hasta agotar los tiempos administrativos legales para la convocatoria al referendo revocatorio presidencial, que lo promueven millones de ciudadanos y las fuerzas políticas organizadas en torno a la MUD. Esas ilegales decisiones están agravando la profunda crisis que vive la sociedad venezolana, pues cierran las vías pacíficas y electorales para que el pueblo soberano decida el curso político futuro que debe transitar nuestro país; el régimen se desentiende cada vez más del apego a los mandatos constitucionales, y progresivamente muestra su rostro dictatorial.

Al cerrarse las vías electorales, aumentarán los riesgos potenciales de que se produzcan manifestaciones y protestas públicas violentas, con los consecuentes costos económicos, represión incontrolada y violación de derechos humanos, aumentarán las pérdidas de vida y se agravará la inestabilidad política. Alertamos y denunciamos que esos riesgos de violencia política serán responsabilidad directa de los organismos públicos, y muy principalmente de las autoridades electorales que se han confabulado con los poderes ejecutivo y judicial para violar de manera flagrante y reiterada la Constitución Nacional y sus propias normas electorales.

El anuncio de las autoridades del CNE en la noche del 20 de octubre de la suspensión de la recolección del 20% de las firmas para activar la convocatoria del referendo revocatorio presidencial, pautada para los días 26, 27 y 28 de octubre, constituye una nueva violación del organismo electoral a sus propias normativas, y viola los derechos políticos de los venezolanos contenidos en la Constitución Nacional, en cuyo artículo 72 se consagra el legítimo derecho de los ciudadanos para convocar a referendo a fin de revocar los cargos de mandato popular, una vez cumplidos los plazos y condiciones allí establecidos.

A los obstáculos interpuestos por el propio CNE para que los ciudadanos puedan ejercer a plenitud sus derechos electorales en aras de buscar una solución pacífica a la profunda y continuada crisis de gobernabilidad, económica, social y moral, que atraviesa la sociedad venezolana, el 16 de octubre la Sala Electoral del TSJ, actuando con asombrosa celeridad administrativa y procedimental que contrasta con su prolongada demora mostrada con el caso de los diputados electos a la AN en representación del estado Amazonas, emitió una resolución mediante la cual “interpreta” las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargo de Elección Popular, publicada en la Gaceta Electoral N° 405 de fecha 18 de diciembre de 2007, y ordena dicha Sala que “La convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el veinte por ciento (20%) de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital de la República. La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial”, todo lo cual es una retorcida interpretación del contenido del artículo 72 constitucional, y de la propia experiencia del ente electoral, puesto que la circunscripción del cargo presidencial, tanto para su elección como para su eventual revocación de mandato, es única y de nivel nacional.

No obstante las consecutivas y crecientes arbitrariedades legales y administrativas interpuestas por los organismos electorales y judiciales, subordinados ambos a los mandatos del poder ejecutivo, para tratar de frenar la realización del referendo presidencial, los electores venezolanos y las organizaciones políticas democráticas articuladas en la MUD, han dado reiteradas muestras de su disposición y voluntad cívica para afrontar y superar los obstáculos, pues la inmensa mayoría de la población venezolana está convencida que la solución a la profunda crisis que padecemos debe ser por vía constitucional, democrática, pacífica y electoral, y ello pasa en estos momentos por la consulta al pueblo soberano mediante el referendo revocatorio.

La minoritaria y corrupta camarilla que hoy rodea al gobierno de Nicolás Maduro no puede seguir sometiendo al pueblo venezolano a mayores precariedades y riesgos en la provisión de alimentos y medicamentos, en la inseguridad de los ciudadanos, la inflación galopante y el deterioro de los salarios; mientras la crisis que hoy padecemos se acrecienta, la única preocupación del régimen es el cómo aferrarse ilegalmente en el control del poder político y económico en el país.

Nos toca hoy a los ciudadanos venezolanos, a todos los demócratas que creemos en la vía electoral para la solución de las controversias del poder, reafirmar el valor de nuestros principios a favor de la paz, demandar la plena vigencia y acatamiento a la Constitución Nacional, y continuar en la promoción de salidas electorales a la grave crisis por la que atraviesa nuestro país.

No debemos olvidar que hoy los demócratas representamos la mayoría política y electoral del país, tal como lo hemos demostrado recientemente con la representación lograda en la Asamblea Nacional y en las movilizaciones políticas, lo cual es reafirmado por todos los estudios de opinión pública. En esta hora estelar, pero a la vez crítica, de la patria no podemos dejarnos amedrentar por la soberbia y arbitrariedad pseudo jurídica del régimen.

Denunciamos ante los organismos internacionales como la ONU, OEA, Unión Europea, MERCOSUR, UNASUR, CELAC, CIDH, y otros afines, la grave crisis que se vive en el país y los riesgos que el régimen de Nicolás Maduro desemboque en una dictadura abierta, con los consecuentes peligros de una violación descarnada de los derechos humanos y los derechos políticos de los ciudadanos. Al mismo tiempo, demandamos su apoyo solidario ante la gravedad de la crisis planteada, por la vía de llamados al régimen al cumplimiento de sus deberes tanto en el plano nacional, prescritos en la Constitución Nacional, como en el plano internacional, a tenor de los acuerdos suscritos por el Estado venezolano.

Manifestamos finalmente nuestra indoblegable voluntad de seguir resistiendo en pos del restablecimiento del Estado de Derecho en el país, del reclamo hacia los poderes públicos para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales en atención al diseño de satisfactores para atender la apremiante situación de la Agenda Social y cesar en el mero e irresponsable objetivo de perpetuarse en el ejercicio de esa ya erosionada autoridad. Convocamos a la sociedad venezolana y nos convocamos para el rescate de la institucionalidad y de la República venezolana, con entusiasmo, con la seguridad insoslayable de que nos asiste el derecho de contribuir a superar la hora oscura que acecha a la nación.

En Caracas el 24 de octubre de 2016.

OBSERVATORIO HANNAH ARENDT
LA VENEZUELA QUE QUEREMOS TODOS
INICIATIVA CIUDADANA
FUNDACION TANYA MIQUILENA
RED DE EL DIPLOMADO REED