Amigos todos:

Les estoy muy agradecido por la cordial invitación para acompañarlos y la extraordinaria oportunidad que me brindan de dirigirles unas palabras, en ocasión de la Asamblea Anual del Observatorio Antitotalitario Hannah Arendt. Considero que es un deber ineludible, en primer lugar, expresar la más calurosa felicitación al Comité Directivo que hasta hoy ha dirigido los destinos de esta organización, por el impulso que han sabido impartir a sus actividades lo largo de estos años. En particular quisiera reconocer el empeño y eficacia con que el Director General Heinz Sonntag ha desplegado su labor, promoviendo el funcionamiento del Observatorio con los auspicios de las Universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello.  Los resultados se reflejan en publicaciones académicas de elevada calidad y el Observatorio ha logrado impactar directamente a una diversidad de comunidades a través de conferencias, talleres, seminarios y las demás actividades desarrolladas. A los miembros del Comité Directivo que hoy se estrenan en sus funciones, les expresamos los mejores augurios para el éxito de su gestión.

El trabajo que realiza el Observatorio Hannah Arendt es de singular importancia para nosotros. En todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo en el ámbito académico, podemos percibir las múltiples amenazas que se ciernen sobre la libertad de acción de las personas, la pluralidad y la sociedad abierta. Son muchos y muy diversos los temas que me gustaría compartir con ustedes hoy; sin embargo me voy a referir sólo a dos aspectos que tocan nuestro desempeño en las instituciones académicas e intentaré hacerlo de una manera muy breve. El primero tiene que ver con dilemas que el ejercicio político del gobierno venezolano impone sobre el desempeño académico en el momento actual, y el segundo al enorme desafío que las universidades venezolanas tenemos por delante.

Dilemas

A mediados de agosto de 2009, en un mes en el que las escuelas y los liceos están cerrados y la mayoría de las universidades interrumpen sus clases, sin que se conociera de antemano una propuesta y sin que mediara discusión alguna, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Educación. El artículo 109 de la Constitución vigente es muy claro en su definición de las comunidades universitarias y el significado y alcance de la autonomía universitaria. Es más, veinte meses antes los venezolanos habíamos rechazado la propuesta que pretendía reformar este artículo constitucional para limitar la autonomía, supeditando las normas del gobierno universitario al control y vigilancia directa del Estado, y estableciendo el voto paritario de estudiantes, profesores y trabajadores para elegir las autoridades universitarias. Pasando por alto la Constitución, la Ley Orgánica de Educación publicada el 15 de agosto de 2009 establece en su artículo 34 la elección de autoridades con mandato revocable por profesores, estudiantes, personal administrativo, obreros y egresados en igualdad de condiciones. Más aún, en el artículo 21 la Ley Orgánica de Educación prevé la conformación de Consejos Estudiantiles “regidos por la normativa que al efecto se dicte”, “para formar ciudadanos mediante participación protagónica”, sorteando la organización estudiantil electa por los propios estudiantes. De qué trata todo esto, ¿de democratizar las universidades como los consuetudinarios tomistas pretenden, para mejorar el desempeño estudiantil y optimizar las posibilidades de las universidades para la generación de conocimientos o sus contribuciones a la mejora de la calidad de vida de la población, o de imponer criterios espurios en las universidades para desviar su función hacia otros propósitos? Si la intención fuera democratizar las universidades, ¿por qué no empezar por aquellas universidades experimentales en las que no existe ninguna forma de cogobierno universitario, donde la opinión de los estudiantes no es valorada en Consejos de Escuela y mucho menos tomada en cuenta en Consejos Universitarios? La Ley Orgánica de Educación vigente desde 2009 es más una ley para las relaciones de poder favorables a los designios gubernamentales que una ley para la calidad de la educación; es una ley que no promueve la construcción de capacidades para el desarrollo, el conocimiento o la ciencia, y que no se refiere a la productividad o la innovación, sino que exacerba el rentismo y la explotación de los recursos, que establece límites muy estrechos a la libertad y a la responsabilidad de las personas y que garantiza la preeminencia del Estado en el manejo de todos los niveles de la educación.

Por otro lado el ejercicio de la ciencia plantea intensos dilemas a quienes ejercemos funciones académicas en las universidades. No me referiré aquí a los dilemas bioéticos, al calentamiento global antropogénico o al desarrollo de armas nucleares, sino a aquellos que afectan la práctica científica en general en nuestro país y a las comunidades científicas que la practican.

Desde un marco de referencia que me atrevo a caracterizar como ingenuo, la ciencia pudiera no estar sujeta a ningún dilema. Siendo su objeto la comprensión de la naturaleza, la ciencia sería impermeable al bien o al mal. La ciencia, dentro de esta concepción, sería un ejercicio perfectamente racional y objetivo; sus conclusiones derivan de medidas rigurosas, verificables y reproducibles, y el ámbito y extensión de la ciencia estaría claramente demarcado y definido por criterios muy alejados de los intereses y pugnas de las personas, como el principio de falsificabilidad de Popper. Dentro de esta visión la ciencia no está sujeta a dilemas éticos y la responsabilidad del científico se reduce a desarrollar el conocimiento y buscar la verdad. Aún dentro de la simpleza de este enfoque surgen preguntas como a qué campo del conocimiento dedicamos nuestro esfuerzo, cuál es el objeto de nuestras investigaciones, o qué método es apropiado para buscar este o aquel conocimiento y garantizar la validez de los resultados, preguntas que nos emplazan a valorar el mundo. Sin embargo durante el último año y no sin alarma, hemos podido constatar que un número no despreciable de nuestros colegas, muchos de ellos con amplio registro de sus logros científicos, suscriben esta idea que reitero ingenua, de que el ejercicio de la ciencia debe deslastrarse de las diatribas acerca de las diferentes maneras de concebir el mundo, o de las pretensiones que sobre la ciencia puedan tener quienes en un momento determinado disponen de los recursos de la sociedad o manejan las riendas del poder.

Hace poco más de un año se aprobó un paquete de leyes para acelerar la implantación del así llamado “Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista para el Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013”. La modificación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación formó parte de ese paquete. Junto a su reforma se establecieron programas que acarrean efectos inmediatos sobre las posibilidades de llevar a cabo la actividad científica y el impacto que pueda tener el cultivo de la ciencia sobre el desarrollo del país. A lo largo del pasado año se pusieron de esta manera en marcha varios instrumentos de política con los que se ha pretendido controlar la actividad de investigación. En primer lugar vino la reforma de la LOCTI, como ya dijimos, a través de la cual se centralizaron los fondos públicos y privados para la ciencia y la tecnología en el Fonacit; por otro lado se estableció el Programa de Estímulo a la Investigación PEI, que bajo el expediente de sustituir al PPI, el Programa de Promoción al Investigador, sirvió el propósito de constituir un registro oficial y obligatorio de investigadores, como requisito indispensable para acceder a los fondos públicos y privados centralizados en el Fonacit. Seguidamente los Proyectos Estratégicos, que no solamente excluyeron de la agenda de investigación y desarrollo a importantes campos del conocimiento, sino que dejaron por fuera al contingente de investigadores que o bien no consideraron oportuno el Registro Nacional de Investigadores, o que simplemente no solicitaron ingreso al PEI, o que por inconformidad con sus criterios tomaron la decisión deliberada y consciente de no participar de ese esquema. Y por otro lado también la promulgación del reglamento parcial de la LOCTI, que regula y limita la participación de instituciones públicas y privadas en las tareas de construcción, divulgación y aplicación del conocimiento para el bien común.

Todos estos instrumentos, como decíamos, son consecuencia directa de la aplicación del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Plan Socialista para el Desarrollo Económico y Social de la Nación. El objeto de este plan es recomponer el ordenamiento jurídico con el fin de imponer el llamado socialismo del siglo XXI, concepto que como sabemos fue rechazado en referéndum por la población venezolana en diciembre de 2007. El plan consta de siete lineamientos estratégicos que contemplan desde la imposición de una nueva ética socialista, pasando por la suprema felicidad social y la democracia protagónica revolucionaria, hasta la nueva geopolítica internacional apalancada en la concepción de Venezuela como una potencia energética mundial, o sea, en el rentismo petrolero elevado a su máxima expresión.

El centro del referido proyecto Nacional Socialista, el cuarto de los siete lineamientos, es la implantación del “Modelo Productivo Socialista”. Es aquí donde se hace mayor énfasis en la ciencia, la tecnología y la innovación. A fin de superar la alienación que la teoría marxista atribuye a las relaciones de producción del capitalismo, el plan plantea la necesidad de “romper con la estructura jerárquica establecida” en los medios de producción, encargando a las empresas del Estado y las de producción social, el impulso del Modelo Socialista, y a los trabajadores, su participación en la planificación de la actividad industrial. El modelo productivo socialista, aplicado a todos los ámbitos del quehacer humano, incluyendo el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, desconoce que el quehacer científico ocurre en comunidades de investigadores mediante mecanismos de colaboración, comunicación, revisión y evaluación entre pares. La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo tanto, sustituye la denominación de investigador por el de “cultor de la ciencia”. Se genera de esta forma la ilusión de que la producción del conocimiento científico o el desarrollo de tecnologías puede ocurrir sin el necesario rigor, y más aún, se pretende que todas las personas –estén o no formadas y capacitadas para ello– puedan ejecutar con fondos públicos proyectos destinados al avance del conocimiento científico y tecnológico y a su implantación social por vía de la innovación. Es así como el objetivo IV-2.3 del Modelo de Producción Socialista, que está dirigido a “Fomentar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo nacional y reducir diferencias en el acceso al conocimiento”, se ofrece a los Consejos Comunales, a las Cooperativas y a otras Comunidades Organizadas, desfigurando de esta forma los criterios y valores universalmente aceptados en la planificación, el financiamiento y el ejercicio de la investigación científica.

Naturalmente la reforma de la LOCTI y su reglamento, el PEI y el financiamiento a los Proyectos Estratégicos, han causado confusión entre los investigadores. Muchos han accedido de buena o mala gana a estos nuevos programas bajo las definiciones y criterios surgidos tras la reforma de la LOCTI y muchos han manifestado también su malestar y desánimo. Uno de los resultados visibles es el paulatino desapego a la investigación y el desarraigo de la comunidad científica venezolana, particularmente en los segmentos más jóvenes. Muchos investigadores por el otro lado han sido renuentes a aceptar las condiciones que impone el gobierno para acceder a los únicos fondos disponibles para la investigación.

Desafíos

Más allá de los dilemas muy particulares que el momento político actual plantea a los académicos venezolanos, enfrentamos enormes desafíos. Preguntémonos dónde está la universidad venezolana. En 1996 en Irán se produjeron 736 artículos científicos con visibilidad internacional, un número casi a la par con los producidos en instituciones venezolanas ese mismo año. Para 2008 Irán producía 18 veces más artículos, 13.238, mientras en Venezuela la cifra también crecía, pero en una proporción mucho menor. China es otro ejemplo, es uno de los países que más ha crecido en materia de publicación de artículos científicos. En el 2000 ocupaba el octavo lugar del mundo pero para el 2007 había trepado al tercer lugar y hoy ya está de segundo, con una tasa de crecimiento anual del 17,3%. Esto ha sido resultado de una combinación de políticas públicas entre las cuales se cuenta una inversión creciente en investigación y desarrollo, así como esfuerzos especiales en la formación de talentos para la investigación, el desarrollo y la innovación. Algunos de esos esfuerzos estuvieron dirigidos a aumentar la calidad de las instituciones de educación superior, y para realizarlos desarrollaron criterios para definir la calidad. De esa forma surgió el ranking de mundial de universidades de la Escuela Graduada de Educación de la Universidad Jiao Tong de Shanghai, que despertó gran interés desde su aparición por primera vez en 2003.

Según el ranking de Shanghai, de las 100 mejores universidades del mundo, alrededor de 60 están en los EUA y Canadá, 30 en Europa y las otras 10 en Asia y Oceanía. Ninguna de las 100 mejores en América Latina. Si abrimos el compás para incluir a las 500 mejores, en 2004 encontramos 7 en América Latina: 4 en Brasil, 1 en Argentina, 1 en Chile y 1 en México. Cinco años más tarde, en 2009, había 10 latinoamericanas en la lista: 6 en Brasil, 2 en Chile, 1 en Argentina y 1 en México. Algo están haciendo en Brasil y Chile ¿Qué estamos haciendo nosotros en Venezuela para mejorar?

El ranking de Shanghai privilegia la producción y divulgación de conocimientos como criterio fundamental de calidad. Otros rankings toman en cuenta otros factores, como por ejemplo el elaborado por el Laboratorio de Cybermetrics del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, que compila información webométrica de las diferentes universidades, ordenándolas según su visibilidad e impacto en páginas web accesibles en internet. Entre las 100 mejores universidades del mundo en el año 2009 según este ranking, 71 estaban en EUA y Canadá, 21 en Europa, 6 en Asia y Oceanía y 2 en Latinoamérica. Si bien las universidades latinoamericanas quedaron un poco mejor ubicadas dentro de las métricas webométricas, el resultado global no es muy distinto al ofrecido por el ranking de Shanghai. Entre las 500 mejores hay 12 universidades de Brasil, 4 de México, 2 de Chile, 1 de Argentina, 1 de Colombia y 1 de Costa Rica. Nuestra ausencia en esta lista es notoria, en contraste con el fenomenal aumento en cobertura de la educación terciaria que reportan las cifras oficiales venezolanas.

¿Qué debemos hacer? El conocimiento ocupa un lugar creciente en la economía global y por lo tanto ampliar las oportunidades de formación y acceso al conocimiento para todos los sectores de la población es una necesidad imperiosa. Las posibilidades de desarrollo de la sociedad dependen cada vez más de la generación y aplicación de conocimientos. El conocimiento, introducido en la sociedad por la vía del emprendimiento, produce valor económico o social y nuevas fuentes de empleo productivo. Con capacidades humanas, infraestructura adecuada, mecanismos idóneos de vinculación con los diferentes sectores de la sociedad y políticas públicas que articulen la Universidad con la Industria y el Gobierno, los centros académicos se convertirían en elementos pivotales para la conformación de un sistema nacional de innovación, considerado por la UNESCO y la OECD como indispensable para la incorporación de un país en la sociedad del conocimiento.

Necesitamos integrar las funciones universitarias de docencia, investigación y extensión para completar el ciclo del desarrollo mediante la innovación, y el esquema para lograrlo es extraordinariamente sencillo. La Universidad consume recursos y los convierte en conocimientos mediante procesos de investigación y desarrollo. A través de procesos de aprendizaje, los conocimientos se convierten en capacidades, las cuales a su vez, mediante procesos de innovación y emprendimiento, se revierten en recursos, con los que se completa el ciclo y además, se alimenta el desarrollo de la sociedad.

En conclusión, la creación de conocimientos es la base de integración de la función universitaria con la sociedad y por lo tanto fundamental para la construcción del futuro de la universidad venezolana. Hacia allá debemos encaminar nuestros esfuerzos. La investigación genera, con calidad y pertinencia, las capacidades y los conocimientos que requerimos para el desarrollo sustentable de la sociedad libre, democrática y justa que todos aspiramos.

No quisiera terminar estas palabras sin antes hacer votos por la pronta incorporación de la Universidad Metropolitana a la lista de las excelentes universidades caraqueñas bajo cuyo auspicio ha venido funcionando el Observatorio Hannah Arendt. Larga vida y que a través de su actividad siga floreciendo.

Muchas gracias.