Los venezolanos en la diáspora tenemos pleno derecho a la “participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía” y lo vamos a ejercer.

Los ya casi siete millones de venezolanos que, por una u otra razón, nos encontramos en un país distinto al nuestro, en situación migratoria regular o irregular, tenemos total derecho constitucional al pleno ejercicio de nuestra ciudadanía en relación a Venezuela, y estamos dispuestos a hacer lo que corresponda para participar “en la formación, ejecución y control de la gestión pública”.

Por ningún lado se ve que el régimen, ni las personas que ocupan el poder electoral en Venezuela, estén planificando un evento que garantice el derecho inalienable de la participación política, de los ciudadanos venezolanos que hacemos vida en el exterior, cuando corresponda, participación que por cierto no es el caso de las elecciones regionales o locales planteadas para noviembre de 2021.

El artículo 62 de nuestra Carta Constitucional establece que “Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos”. “La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo”. Concluye el artículo en comento: “Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

El Estado venezolano tiene, pues, que “facilitar” la participación electoral de quienes estamos en el exterior, y es nuestro “deber”, como sociedad civil, ayudar a generar “las condiciones más favorables” para nuestra participación política. Actualmente, apenas algo más de cien mil venezolanos están inscritos en el Registro Electoral en países distintos a Venezuela, en consecuencia, la tarea es inmensa para inscribir, reubicar y actualizar a los millones de nosotros que tenemos derecho a la participación.

No puede negarse a más de un 20 % de los venezolanos el derecho a la participación política y al sufragio.

Desde las organizaciones de la sociedad civil venezolana en la diáspora, nosotros, ciudadanos en ejercicio de nuestros derechos políticos, exigimos la inmediata atención a este asunto, así como respuesta de los organismos internacionales, los cuales están exigiéndonos como salida a la grave crisis institucional, que efectuemos un proceso electoral justo, libre y transparente, el cual nunca sería justo sin la participación de los millones de los nuestros que estamos fuera del país, empujados por las circunstancias de la cual es responsable el régimen criminal que se impone a la fuerza en Venezuela, y cuyo único propósito pareciera ser permanecer en el poder.

Nosotros defendemos nuestros derechos y comenzamos a actuar ya, tomando la decisión de organizarnos para concretar nuestra participación en elecciones, en referendos, en consultas populares o en cualquier otro medio “de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía”, tal como lo establece el artículo 70 de nuestra Carta Magna. Seguramente preparar anteproyectos de reforma de las disposiciones vigentes, sea el primer paso para avanzar en este camino de soberanía y defensa de nuestros derechos, ayudar al cambio impostergable y poder luego retornar a nuestro país. Es probable que, luego de renacida la democracia, tengamos que trabajar en una reforma constitucional para que la diáspora esté representada en el Parlamento, tal como ha sido la experiencia de Italia, Francia, Colombia, Ecuador, México y República Dominicana. La nueva geografía de Venezuela nos exigirá dar un paso más.

Desde la diáspora venezolana, hoy veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en la víspera de la conmemoración del Día del Natalicio de El Libertador, Simón Bolívar.