Ante la crisis institucional que vive el país a raíz de las decisiones tomadas en los últimos días por la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, quienes suscribimos esta declaración, organizaciones e individuos comprometidos en la educación, en la promoción de los derechos y libertades de la gente, en la creación de capacidades y el empoderamiento de los miembros de las comunidades, hemos decidido informar a la ciudadanía sobre la interpretación que hacemos de la crisis y sobre la posición que asumimos ante ella. Hacemos esto motivados por el respeto al mandato democrático decidido por el pueblo, por la necesaria reconciliación de la sociedad venezolana, y por el deber ciudadano de acatar y preservar la Constitución de la República en defensa de la democracia y la paz ciudadana.
ANTECEDENTES POLÍTICOS DE LA CRISIS INSTITUCIONAL
1. El Presidente Hugo Chávez obtuvo la victoria en la elección presidencial del 7 de Octubre de 2012, y el 10 de octubre siguiente fue proclamado Presidente Electo para el período 2013-2019. Mes y medio más tarde, el 27 de Noviembre, el Presidente solicitó a la Asamblea Nacional un permiso para viajar a Cuba a fin de someterse a tratamiento médico, y anunció que se presentaría ante al Cuerpo Legislativoel 10 de enero de 2013 a fin de juramentarse para el nuevo período como ordena la Constitución, y que expondría allí el Plan de la Nación 2013-2019.
2. De vuelta al país, el 8 de diciembre de 2012 el Presidente le anunció a la nación que debería viajar nuevamente a Cuba para someterse a una “delicada operación”, habló de la eventualidad de que no pudiese estar presente para su juramentación ante la Asamblea Nacional el día 10 de enero del 2013, y dejó abierta la posibilidad de que pudiese no estar físicamente capacitado para asumir el cargo en el nuevo período presidencial. El Presidente exhortó entonces a sus partidarios a cumplir su voluntad política expresa, y designó al Sr. Nicolás Maduro, a la sazón Vicepresidente Ejecutivo de la República, como su candidato presidencial en caso de que debiese convocarse una nueva elección debido a su eventual incapacidad.
3. El manejo poco transparente de la situación de salud del Presidente Chávez por parte del gobierno ha provocado zozobra y creado condiciones para una crisis política, pues el vacío de información veraz y precisa dio pie para que el rumor, la media verdad y la especulación se adueñasen de la opinión y de las expectativas de los ciudadanos.
EL ESTALLIDO Y LA PERSISTENCIA DE LA CRISIS
4. El día 5 de enero pasado sesionó la Asamblea Nacional para elegir y juramentar a la nueva directiva que presidirá el período legislativo 2013-2014, con la presencia de representantes de todos los poderes públicos. Más tarde, el día 7 de enero, en medio de una sesión ordinaria de aprobación de créditos adicionales, súbitamente pasó a considerar una comunicación que le dirigiese al Presidente de la AN el Vicepresidente Ejecutivo de la República, en la cual informaba que el Presidente Chávez no podría presentarse el 10 de enero de 2013 a juramentarse como Presidente del período 2013-2019. En los debates de ambas sesiones la actitud de la bancada parlamentaria oficialista fue abiertamente pugnaz y ofensiva, haciendo uso arbitrario y atropellante de su mayoría numérica… Le negó a la bancada de Oposición el derecho a la representación de las minorías en su directiva y tomó una decisión política que irrespeta abiertamente la Constitución y abre el cauce para el torrente de la crisis institucional.
5. La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional decidió que el Presidente Chávez no requería cumplir con “la formalidad de juramentarse” ante el cuerpo legislativo para su nuevo período presidencial, que aun estando en disfrute de un permiso para ausentarse del país no existía “falta temporal”, y que podría gozar sin límite de tiempo del permiso que le había sido concedido durante el ejercicio de su mandato que concluía el 10 de enero de 2013. La Asamblea introdujo un concepto de “continuidad administrativa” cuya aplicación entre dos períodos presidenciales sucesivos no es constitucionalmente válida; y así violentó las disposiciones de la Constitución que habían sido explícitamente invocadas por el Presidente Chávez la noche del 8 de diciembre de 2012.
6. A pesar de la cuestionable constitucionalidad de la referida decisión de la Asamblea, el 9 de enero de 2013 el Tribunal Supremo de Justicia emitió sentencia reafirmando su supuesta eficacia, fruto de no haberla juzgado en sus bondades legales y su apego a la Constitución, sino en sus motivaciones políticas, poniendo de manifiesto, una vez más, la ausencia de autonomía de los poderes públicos de nuestro país.
7. Al día de hoy, ni los voceros del Poder Ejecutivo, ni el Presidente de la Asamblea Nacional, ni la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ni el resto de los poderes públicos, han activado los procedimientos que son necesarios para conocer con certeza la prognosis de la enfermedad que padece el Presidente Electo Hugo Chávez, o para llenar los vacíos de poder que pudiesen presentarse ante la eventualidad de su falta absoluta. Tampoco se han despejado las dudas que existen en la población sobre el verdadero grado de injerencia que tiene el gobierno de Cuba en esta crisis y en general en los asuntos políticos y de conducción del Estado, que deberían ser de responsabilidad exclusiva de los venezolanos.
NUESTRA POSICIÓN FRENTE A LA CRISIS INSTITUCIONAL Y SUS IMPLICACIONES POLÍTICAS
8. Las organizaciones e individuos que suscribimos este documento trabajamos con los jóvenes de Venezuela, con miembros y líderes de comunidades populares, con quienes han sufrido persecuciones y violación de sus derechos, y con grupos de interés cuyas vocaciones son la Educación, los Derechos Humanos, el Desarrollo Humano Sostenible, la Reconciliación y la promoción de Agendas Sociales consensuadas. Nuestras misiones han sido y seguirán siendo cooperar en el desarrollo de sus capacidades y su empoderamiento, para que ellos mismos construyan su libertad plena y sus propias vías de realización. Con base en lo anterior, es nuestro deber y nuestra decisión, promover en la ciudadanía la defensa de la Constitución de la República, así como ejercer y seguir promoviendo el ejercicio del derecho a la Lucha Cívica, Pacífica y Democrática en favor de la restitución del orden constitucional.
La difusión de este documento es el inicio de una serie de acciones de la lucha que adelantaremos, amparados en los deberes y derechos que consagra la Constitución y en los acuerdos políticos y de derechos humanos internacionales de los cuales nuestra nación es firmante.
