*Humberto García Larralde, humgarl@gmail.com
El reciente “decreto” del órgano partidista que posa como asamblea constituyente, fijando las elecciones presidenciales antes del 30 de abril, representa una declaración de guerra contra el pueblo y contra los países que apoyan la democracia en Venezuela. El hecho de anunciarse como respuesta a las sanciones a 7 altos funcionarios del gobierno impuestas por la Unión Europea, acusados de atropellar los derechos humanos, y la expulsión del embajador español, así lo confirman.
Ese “decreto” no propone una contienda para expresar –en “libérrimos comicios”– las preferencias mayoritarias sobre quién debe ser presidente, sino cómo escamotear éstas. ¿Acaso ofreció garantías para un proceso limpio, aceptó los observadores internacionales y el nombramiento de un CNE paritario? ¿Permitirá que la diáspora de 3 millones de venezolanos ejerza su derecho a votar en el extranjero? No. Más bien vacía la elección de toda amenaza a su poder imponiendo condiciones que aseguren su triunfo, pero cobijándose en una retórica “revolucionaria” que proyecta a los chavo-maduristas –y sólo a ellos– como el “pueblo” (verdadero). El fin del “decreto constituyente” es refrendar que ellos son “el pueblo” y, por ende, dueños del país –¡no para indagar quién es mayoría! Los fascistas se saben en minoría desde la elección para la Asamblea Nacional de diciembre, 2015. Aprendieron y ahora confiscan toda posibilidad de que el pueblo elija a otro que no sea Nicolás Maduro.
Lo que el decreto pone de manifiesto es que las mafias que se han apoderado del país no van a soltarlo por las buenas. Por si faltaran pruebas, está la negativa del tsj írrito a legalizar a la MUD para esas elecciones, la obligación de que los partidos democráticos se sometan nuevamente a un proceso incierto de validación y la inhabilitación de los únicos candidatos capaces de galvanizar un apoyo masivo por parte de los venezolanos. Los países democráticos así lo perciben y, además de rechazar el origen inconstitucional del “decreto”, han condenado la realización de comicios bajo tal formato. México declara que se ha violentado el sentido de las negociaciones en RD y se retira; también Chile.
Por si quedaran dudas de la apreciación anterior, invito al lector a leer el excelente artículo de Omar Lugo en El Estímulo (http://elestimulo.com/blog/armados-fichados-y-sin-retorno-porque-es-tan-dificil-la-paz-con-los-chavistas). En él se argumenta convincentemente que el chavo-madurismo –con sus desmanes, muertes y demás atropellos– pasó el punto de “no retorno”: aquel a partir del cual los costos de su salida negociada del poder o de su retorno a un juego que respete las reglas de la democracia, exceden los costos que irremediablemente habrán de enfrentar si siguen esquilmando el país y violando los derechos de los venezolanos. En el primer caso, les atemorizan las probabilidades de un eventual presidio, con buena parte de sus mal-habidas fortunas confiscadas; el segundo lo conciben como un riesgo evitable, ya que desde el poder confían en poder neutralizar acciones destinadas a castigar sus atropellos. Concluye el artículo señalando la necesidad de invertir la forma en que se presenta esta disyuntiva para que el precio de continuar atrincherados en el poder contra viento y marea sea demasiado grande y el fiel de la balanza se incline a la búsqueda de una salida negociada. Esto implica aumentar las presiones y denunciar claramente los abusos del régimen.
¿Qué debe hacer la MUD? No se trata esta vez de aprovechar toda rendija que se abra para ocupar espacios. Esta contienda –la elección presidencial— es por el control del aparato estatal, incluyendo a la Fuerza Armada. Lo que está en juego es la existencia misma de la República, de la convivencia en democracia, con su apego al Estado de Derecho y su respeto por los derechos de los demás. De ello pende si podremos rescatar la soberanía sobre las decisiones que deciden nuestras condiciones de vida y nuestro futuro, o si sucumbiremos a ser esclavizados por una tiranía. El elemento definitorio aquí es, desde luego, la correlación de fuerzas, aquella capaz de incrementar perceptiblemente el costo para los fascistas de continuar desafiando el ordenamiento constitucional y los derechos humanos.
El objetivo central de los partidos democráticos en este momento tiene que ser recuperar la confianza de los venezolanos para erigirse en esa fuerza capaz de doblegar la intemperancia fascista. Debe partir de la premisa de que el rechazo abrumador de Maduro no se traduce automáticamente en votos por el candidato democrático. Lamentablemente, buena parte de esa mayoría opositora está defraudada por el liderazgo de la MUD por no haber sabido coronar exitosamente las multitudinarias protestas de 2017 y dejarse engatusar –confiado—en las elecciones regionales. No es suficiente hacer votos por la unidad y dirimir en primarias el candidato único. Ante la falta de un proyecto alternativo de país y de un candidato que entusiasme, la participación electoral será percibida por muchos como “quítate tú pa´ ponerme yo”. En estas condiciones, las trampas montadas y la extorsión a electores con el “carnet de la patria” auguran la pérdida irremediable del candidato unitario, con el agravante adicional de haber atornillado al chavo-madurismo en el poder, legitimado por la anuencia en participar en unas elecciones tramposas.
Denunciar la farsa electoral no es (solo) un problema de principios. Es, ante todo un asunto de efectividad y realismo político. Fortalecer a las fuerzas democráticas implica debilitar, a su vez, las del fascismo. La pauta nos la ofrece la postura resoluta asumida por el Grupo Lima, la Unión Europea, el secretario Almagro y el gobierno de los EE.UU.: denunciar la farsa electoral y desconocer a la asamblea fascista que pretende usurpar la voluntad popular con “decretos” y “leyes” fraudulentas. Pero, la prioridad tiene que ser, sobre todo, acompañar la lucha de los venezolanos en contra de las terribles condiciones impuestas por la política oficial, que los llevan, aceleradamente, a la miseria. La denuncia del fraude en el contexto de una conflictividad irrefrenable –el hambre no da tregua y las cosas van a empeorar, de no haber cambio de políticas—y bajo las sanciones cada vez más universalmente aplicadas por el entorno democrático mundial, le achican significativamente la “zona de confort” que procura la oligarquía militar civil. Aumenta su propia percepción de vulnerabilidad, acentuando la lucha entre facciones rivales, lo cual debilita, entre otras cosas, el soporte militar sobre el cual descansa.
Desde luego, mientras más acorralados y amenazados se perciba, más violenta y represiva se va a poner la mafia para defender sus rapiñas. Lamentablemente, la derrota del fascismo siempre ha acarreado visibles costos humanos. Pero en la Venezuela actual, la respuesta represora se ha tornado más precaria, pues la comunidad internacional se alarmó por los atropellos cometidos en 2017 y recientemente por el ajusticiamiento en El Junquito, y ha mostrado su disposición a tomar medidas para evitar que continúen. Y la creciente presión ejercida por las sanciones está surtiendo efecto, a juzgar por las reacciones desesperadas de la cúpula fascista. De recuperarse la confianza de los venezolanos y con un liderazgo democrático comprometido, es previsible el quiebre del andamiaje militar que la sustenta. Con el colapso de PDVSA –mas ahora cuando se le pone al frente un Guardia Nacional sin experiencia—y el default en el cual ha caído, en efecto, el Estado, el botín ya no alcanza.
Éstas son las bases para negociar la participación en las elecciones: garantizar condiciones para unos comicios limpios a cambio de hacerle atractivo a los fascistas su salida. La historia enseña que la aquiescencia con las peticiones fascistas termina en un “apaciguamiento” que ampara sus designios y les da luz verde para continuar con sus atropellos. En atención a ello, es menester una correlación de fuerzas a favor de la democracia que haga la vía electoral factible para sacarlos. Y ello, paradójicamente, implica denunciar –y negarse a convalidar—la farsa electoral decretada por la asamblea “constituyente”
El doctor García Larralde es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y miembro fundador del Observatorio Hannah Arendt.
28 Enero, 2018. lapatilla.com
