La Academia Nacional de Ciencias Económicas se pronuncia ante las medidas económicas anunciadas el 7 de septiembre
El señalamiento de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional sobre la aceleración de la inflación, que llegó a un 33,8% el pasado mes de agosto -la cifra mensual más alta desde que se registra este fenómeno en Venezuela- hace perentorio revertir cuanto antes esta situación y establecer condiciones para reactivar la economía productiva. Los venezolanos claman con urgencia políticas económicas acertadas ante tal agudización de sus padecimientos. El anuncio de un “Plan para la Paz y la Prosperidad Económica” por parte del presidente Maduro el pasado 7 de septiembre, obliga a la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) a examinar si se orienta a estos fines.
Consideramos lamentable, en primer lugar, que en vez de atacar de raíz el proceso inflacionario solo se propongan medidas de compensación, como el incremento del salario mínimo integral y transferencias a través de bonos y de la tarjeta “hogares de la patria”, y sin mencionar cómo se van a financiar. En ausencia de medidas que liberen las capacidades productivas de la economía y subsanen la asfixia del sector externo, terminarán realimentando la inflación, añadiendo ‘más leña al fuego’. Además, ante la sextuplicación este año del financiamiento monetario realizado por el BCV al sector público, tal compensación se va a quedar muy corta. De hecho, el salario mínimo integral resultante del incremento del 7 de septiembre es un 42,5% menor, en términos reales, al prevaleciente a finales del año pasado.
El control de precios, anunciado con nuevo nombre, así como el empoderamiento de los CLAP y de los consejos comunales para fiscalizar su cumplimiento, solo contribuirá a un mayor acoso de los sectores productivos y comerciales, y a agudizar la escasez de bienes y servicios. En este orden, el Presidente se arroga la creación de una “unidad tributaria punitiva” para perseguir “los delitos que se cometan en el campo de la economía contra el pueblo” y solicita investigar el origen de fortunas generadas durante la “guerra económica” para poder pecharlas, haciendo referencia a una supuesta ley de régimen especial tributario. Al respecto, la ANCE se ve obligada a aclarar que sólo la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 puede fijar nuevos tributos y aprobar leyes.
Poner el acento en lo punitivo, como lo hace el plan, ha mostrado ser totalmente contraproducente ante la necesidad de reactivación y acentuará la grave situación que hoy enfrentamos. Preocupa que, después de cuatro años de progresivo deterioro en la calidad de vida de los venezolanos, el Presidente insiste en inventar una “guerra económica” para echarle la culpa, en vez de rectificar sus políticas, como se le ha recomendado repetidamente.
Por su parte, la decisión de remplazar al dólar con una canasta de monedas no es acertada, ya que habrá de encarecer y complicar las transacciones internacionales del país que se hacen mayoritariamente en moneda estadounidense.
El referido plan anuncia, además, medidas para proteger la inversión extranjera e incentivar la explotación del llamado Arco Minero, y la creación del consorcio agroalimentario de Venezuela (Agrosur) para apoyar la producción de 20 rubros agrícolas. Cabe recordar la muy lamentable destrucción de los servicios que ofrecía la empresa Agroisleña, con relación a esto último. Debería ser innecesario repetir, como en anteriores oportunidades hemos hecho, que tales medidas en absoluto habrán de surtir efecto si se mantiene un ambiente de intervención discrecional del Ejecutivo en la economía, signado por el acoso de la empresa privada, la ausencia de garantías a la propiedad y de orden procesal para resolver controversias, y la consecuente inseguridad e incertidumbre de inversionistas y productores.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas reitera que sólo medidas que ataquen de raíz al fenómeno inflacionario, restituyan las garantías, liberen los controles que hoy asfixian a la actividad económica y logren concertar un importante financiamiento externo, podrán revertir el trágico proceso de empobrecimiento que vienen sufriendo los venezolanos en los últimos cuatro años. Es menester sanear las cuentas fiscales, eliminar el financiamiento monetario del BCV, unificar el tipo de cambio bajo un régimen de libre concurrencia y levantar los controles punitivos sobre la empresa privada. No existen indicios para prever que en los próximos años ocurrirán incrementos en los precios de venta internacional del crudo que nos eximan de cumplir perentoriamente con las profundas reformas que el país reclama.
De implementarse estas reformas, auguramos una respuesta muy positiva del aparato productivo en un corto plazo, dadas su enorme capacidad ociosa actual y las potencialidades de nuestra economía. Ello redundará en un empleo creciente cada vez mejor remunerado que habrá de recuperar la capacidad adquisitiva de la población. Asimismo, la estabilización del tipo de cambio a niveles bastante inferiores al llamado “dólar paralelo” abaratará significativamente muchos bienes e insumos de origen importado. Si se implantan medidas de compensación para aquellos afectados negativamente por la sinceración del precio de la gasolina y de los servicios que presta el sector público, no existen argumentos para no instrumentar tales reformas. Éstas reemplazarían el ajuste contractivo sobre el nivel de consumo de la población que aplica hoy el gobierno para acumular los excedentes con los cuales pagar la deuda pública externa. Con amplio apoyo financiero internacional y la reestructuración de esa onerosa deuda, será posible devolverles a los venezolanos posibilidades de creciente bienestar.
Por último, preocupa que los anuncios realizados pretenden enmarcarse en unas supuestas “leyes” que aprobaría una Asamblea Constituyente que, como fue señalado en comunicado conjunto con las demás Academias Nacionales el 15 de agosto, es inconstitucional. Tal apreciación es compartida por diferentes sectores de la comunidad nacional, incluyendo las universidades autónomas, la Conferencia Episcopal y la Asamblea Nacional. Asimismo, gobiernos de países que agrupan más del 90% de la población hemisférica, han decidido desconocer toda iniciativa emanada de dicho cuerpo. Igual posición han asumido nuestros socios fundamentales en la Unión Europea. De acuerdo con el ordenamiento constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, vigente, corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional electa por el pueblo soberano la aprobación de leyes nacionales. Sería sumamente lamentable para la institucionalidad del país y para la anhelada paz entre los venezolanos, como para el restablecimiento de relaciones mutuamente provechosas con países amigos, intentar imponer medidas por medio de un mecanismo fraudulento, rechazado por la inmensa mayoría.
Esta Academia hace un llamado al Ejecutivo para reconsiderar las medidas anunciadas, a fin de poder recuperar niveles de mayor bienestar para el pueblo.
Como siempre, esta Academia se pone a la orden para coadyuvar, en la medida en que lo permitan sus modestas posibilidades, con el cumplimiento de tales propósitos.
En Caracas, el doce de septiembre, por la Academia Nacional de Ciencias Económicas
Humberto García Larralde Sary, Presidente
Levy Carciente, Secretaria
