Alejandro Oropeza G.
TalCualDigital.com – Columna: El Poder y la Libertad
“La resistencia permanente al Estado que al mismo tiempo limita
y asegura la forma democrática, se vuelve un medio de mantención
de la democracia en la medida en que es la forma estatal la que
disuelve la democracia. Sólo a través del Estado está el pueblo
constituido como pueblo; sólo resistiendo al Estado el pueblo
sigue siendo pueblo”.
Wendy, Brown. 2000. “Nietzsche for Politics.
Identificamos tres patas, entre otras, que sostienen el equilibrio de un Estado en funciones, es decir, cumpliendo los fines y objetivos que debe satisfacer para serlo en tanto tal. Quizás una cuarta acude a dar basamento a la acción política de este actor. En este sentido, se aprecia más allá de una concepción contractualista que justifique o explique la aparición y permanencia del Estado, a este como actor que se confronta con otro actor; se confronta no se opone, el cual es la sociedad de la cual emerge y que legitima su organización y valida la representatividad de los órganos del los cuales se vale para ejercer sus funciones. Decimos se confronta, porque entre ambos actores Estado-Sociedad debe establecerse un dinámico, en oportunidades precario equilibrio, pero equilibrio finalmente, por medio del cual el Estado pretende cumplir sus atributos legalmente establecidos y por otra parte, la sociedad persigue limitar tales atributos y, más aun, el instrumental decisorio e interventor del cual el Estado se sirve para cumplir sus fines. Es un tira y afloja, una balanza que va y viene y que jamás, al menos en sistemas democráticos, será inmóvil o constante.
Esta reflexión preliminar que, como se puede apreciar, valida la actuación del Estado en un sistema político cuyo régimen es democrático; con los atributos que la teoría política le asigna como tal (y la praxis, no lo olvidemos), es muy pertinente en los actuales momentos que vive nuestra vapuleada Tierra de Gracia. Existe un Estado como actor confrontado a la sociedad, lo cual es lógico esperar en las relaciones de equilibrios que hemos señalado, pero y he ahí el punto, este Estado además, se encuentra opuesto a la sociedad llamada a validarlo y legitimarlo sucesivamente. Por lo cual aquel equilibrio prácticamente se ha perdido. Cabe entonces preguntarse: ¿Responde el Estado y sus órganos de representación (Gobierno por ejemplo) a las demandas de la sociedad? ¿Se adecúan esos órganos a los fundamentos normativo-jurídicos promulgados para regularle y regular las relaciones entre Estado y Sociedad? ¿Cumple el Estado con las atribuciones que la sociedad le confiere en los acuerdos sociales que sustentan su legitimidad y permanencia? Pues bien, veamos las patas a las que hacíamos referencia en el párrafo inicial.
La primera sería la Gobernabilidad Democrática, es decir, la actuación del Estado y de sus órganos para atender las necesidades y demandas, las expectativas y problemáticas de la sociedad. Decimos democrática porque uno de los fines primeros del Estado en el mundo contemporáneo es atender la Agenda Social, por vía de la formulación de una Agenda de Gobierno que, en parte, debe estar orientada a estos fines. El objetivo de un régimen democrático, entre otros, es formular decisiones, políticas públicas, encaminadas a construir estrategias para brindar a la sociedad calidad de vida, satisfactores, de manera general y sin discriminación alguna. Hablamos de este valor, gobernabilidad, con el adjetivo de democrática, porque en regímenes autoritarios tal valor es desmantelado y no se orienta a generar satisfactores sino en producir estrategias para mantenerse en el poder a cualquier costo.
La segunda pata es el acuerdo mínimo como sustento de y para el ejercicio del poder. ¿Acuerdo en dónde, entre quienes? En la esfera de lo público, que es el ámbito de lo político, en donde el discurso y la opinión expresa la voluntad y el parecer de todos los miembros que deciden y deben acceder a dicho ámbito. Es ahí, en ese espacio en donde se fraguan los compromisos, en donde se cede y se negocia y en donde los actores políticos acuden a dirimir sus pareceres y opiniones. Es en ese espacio en donde surgen los “pactos” que legitiman la acción del Estado y de la Sociedad. En esta esfera se dan las intermediaciones políticas y se renuevan sucesiva y permanentemente los contratos sociales que dan y otorgan sustento al ejercicio de lo político porque de ahí surge el aval y el reconocimiento de la Sociedad al Estado que de ella misma emerge. De esta manera, cuando un acuerdo político que sustenta la legitimidad del Estado y de las relaciones entre éste y la Sociedad, está vigente, es en este espacio donde se pueden y se deben dar los mecanismos para su renovación ¿Con base a qué? Al instrumental establecido para tal fin. El desconocer tal posibilidad de renovación necesaria y sucesiva supone el desconocimiento de la Sociedad como depositaria del acuerdo y abre la puerta, por parte del régimen de la violencia instrumental para impedir la renovación del mismo.
La tercera pata de esta estructura, es el Estado de Derecho, es decir la existencia de normas abstractas y de administradores de la justicia imparciales, en la medida de las posibilidades. Es este andamiaje legal el que otorga al Estado los medios para construir decisiones y generar una legítima y pertinente Agenda de Gobierno; a la Sociedad le reconoce y protege los mecanismos de presión colectiva y de intermediación entre ella y los órganos del estado; pero, por otra parte, instituye los mecanismos y procedimientos legítimos para que se sucedan y viabilicen la sucesiva renovación de los acuerdos que sustentan el ejercicio del poder.
Un cuarto elemento se hace presente para completar el modelo, que no es otro que el pueblo, entendido como aquel componente indispensable que atribuye contenido a la definición de Estado, que le da sustancia entonces. El cual en palabras de Wendy Brown es pueblo en tanto y en cuanto resiste al Estado.
Si se consideran a estas cuatro variables ¿qué tenemos al final del camino?: primero, un Estado y un gobierno ineficiente por tanto, incapaz de generar políticas públicas que se constituyan en satisfactores de las problemáticas y demandas de la sociedad, un conjunto de organizaciones públicas que han abandonado la responsabilidad de construir gobernabilidad y que recurren a la relación utilitarista y a la demagogia para “venderse” ideológicamente ante una masa desconcertada. Segundo, el rechazo y el desconocimiento de los mecanismos legítimos para avanzar en la evolución de los acuerdos sobre los que se debe sustentar el ejercicio del poder, por lo que el régimen desconoce tales mecanismos y articula la violencia instrumental y la represión para mantenerse en el poder. En tercer lugar, el régimen político destruye el Estado de Derecho, utilizando los propios mecanismos institucionales para desmontar el aparato de justicia y relativizar y soliviantar el ejercicio ciudadano bajo un monitor pseudo ideológico que compromete definitivamente la vigencia del sistema democrático y republicano.
Por último, la concepción del pueblo deriva a una concepción de masa, en términos arendtianos, por medio de la cual se establecen compromisos utilitarios en el esquema de “yo te doy, tu me das”, que ideologizan las relaciones y equilibrios necesarios entre Sociedad y Estado.
Ahora bien, ¿cuál es la situación de estas cuatro patas en nuestra Tierra de Gracia hoy día? Y más importante aún ¿Nos damos cuenta como sociedad de esta realidad? Y, por último ¿Dónde los encuentros entre la Sociedad y el liderazgo político democrático para hacerle frente a dicha realidad?
Es ahora o nunca…
