El Ministerio de Relaciones Exteriores checo expresó, por medio de un comunicado, que considera que “la Corte Penal Internacional, CPI, como tribunal de última instancia complementario a las jurisdicciones penales nacionales, es la institución adecuada para contribuir a acabar con la impunidad en Venezuela“.

En el texto, además, destacan “todos los esfuerzos de la Sra. Tamara Suju para documentar la situación de los derechos humanos en Venezuela, incluida la denuncia de presuntos crímenes de derecho internacional a la Corte Penal Internacional”.

En el año 2018 la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció la apertura de un examen preliminar de la situación en Venezuela, para analizar los delitos presuntamente cometidos en este Estado desde al menos abril de 2017, en el contexto de manifestaciones antigubernamentales.

Ese mismo año, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú entregaron a la fiscal de la CPI una remisión de la situación de Venezuela, solicitando que se iniciara una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, con miras a determinar si una o más personas deben ser acusado de la comisión de tales delitos.

En mayo de 2020 Bensouda informó que luego de “avances significativos” en el examen, podría decidir en los próximos meses si abrir o no la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

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