De acuerdo al Informe “Resultados de la investigación de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela del 15 de junio al 3 de julio de 2020”
La Alta Comisionada leyó el informe durante el 44 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Entre los puntos que contiene dicho documento indicó que durante el período que abarca el presente informe, “la crisis política se ha agudizado debido a la persistencia de las tensiones entre el Gobierno y la oposición. A pesar de los esfuerzos desplegados a nivel internacional y nacional, los principales actores políticos no han podido encontrar una solución negociada y comprensiva que resuelva la prolongada crisis política. Los debates políticos se han centrado principalmente en el establecimiento de las condiciones para la celebración de elecciones parlamentarias, previstas para 2020, y en la exigencia de la oposición de que se celebren elecciones presidenciales anticipadas.
En el Informe también destaca que durante el período monitoreado se mantienen restricciones a la libertad de opinión y expresión, a la de reunión y asociación pacíficas y al derecho de participación en los asuntos públicos, que han continuado restringiendo el espacio cívico y democrático en el período previo al proceso electoral.
Limitación de acción en la AN
“Desde el 5 de enero de 2020, las fuerzas de seguridad han bloqueado, incluso por la fuerza, el acceso a la Asamblea Nacional de un grupo de parlamentarios que apoyan la renovación del nombramiento de Juan Guaidó como presidente de ésta. A junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia había retirado la inmunidad parlamentaria a 28 asambleístas de la oposición; cuatro estaban detenidos y uno se encontraba bajo arresto domiciliario; mientras que 36 asambleístas habían abandonado la República Bolivariana de Venezuela o se habían escondido, muchos de ellos acusados de traición, conspiración, incitación a la insurrección, rebelión civil y asociación para delinquir, entre otros delitos. Fueron detenidos un tío de Juan Guaidó, tres de sus ayudantes y una mujer relacionada con uno de los ayudantes.
La Alta Comisionada también dijo que el 25 de mayo, el Fiscal General solicitó al Tribunal Supremo que dictaminara si el partido político Voluntad Popular podía considerarse una organización terrorista según la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El 26 de mayo, el Tribunal Supremo validó la elección del 5 de enero de 2020 de Luis Parra como Presidente de la Asamblea Nacional. Además, el Tribunal Supremo declaró «en desacato» la Presidencia de Juan Guaidó.
Durante el período al que se refiere el presente informe, “el Gobierno declaró que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia habían frustrado varios intentos de insurrección, rebelión y asalto a bases militares, entre ellos una incursión de antiguos miembros de las fuerzas armadas venezolanas y dos antiguos miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América en el Estado Vargas, los días 3 y 4 de mayo de 2020.”
Restricciones a la protesta
El documento mencionó como fuente al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, cuya ONG denunció que entre julio de 2019 y abril de 2020, se registraron 2.689 protestas que reclamaban derechos civiles y políticos.
En otro de los puntos, el documento cita que “A pesar de que se constataron algunas restricciones al derecho de reunión pacífica, los oficiales de seguridad actuaron por lo general de manera contenida y, en la mayoría de los casos, respetaron las normas y estándares internacionales en materia de control de multitudes.
El Gobierno organizó programas y actividades de capacitación para las fuerzas de seguridad sobre el uso de la fuerza y las normas de derechos humanos. Cuando se desplegaron las fuerzas de seguridad con ocasión de protestas convocadas por la oposición y por los estudiantes, se recibieron denuncias de intimidación de los manifestantes para impedirles llegar al destino que tenían proyectado o reunirse antes de comenzar la protesta. Esto es lo que ocurrió en las protestas nacionales organizadas por estudiantes y miembros de la oposición los días 16 y 21 de noviembre de 2019. Se reportaron más de 20 detenciones, entre ellas la de seis defensores de los derechos humanos que estaban vigilando las manifestaciones en el Estado Cojedes. En el Estado Lara, cinco personas permanecieron detenidas durante dos meses.
El ACNUDH también documentó ataques de grupos civiles armados progubernamentales (denominados colectivos armados) contra opositores políticos, manifestantes y periodistas. Las fuerzas de seguridad no hicieron nada por impedir esos ataques. El 11 de febrero, partidarios del Gobierno y, al parecer, colectivos armados atacaron a 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó al aeropuerto de Maiquetía. El 29 de febrero, en el Estado Lara, miembros de los colectivos armados atacaron a los manifestantes y periodistas que se habían reunido en un mitin político convocado por Juan Guaidó. Después de estos ataques, los funcionarios de alto nivel solían desacreditar a las víctimas. Las manifestaciones organizadas por la oposición el mes de noviembre de 2019 vinieron precedidas y seguidas de actos de intimidación en las redes sociales contra algunos periodistas por parte de presuntos simpatizantes del Gobierno y funcionarios públicos.
También se recibieron denuncias de bloqueo del acceso a las redes sociales en torno a las fechas más señaladas de las manifestaciones.
Además de la limitación del acceso a los datos públicos y la frecuente autocensura por miedo a las represalias, los trabajadores de los medios de comunicación siguieron siendo víctimas de amenazas y acoso.
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/A_HRC_44_20_UnofficialVersion_SP.pdf
