Foto: El Estímulo

BY POLITIKA UCAB ON MARZO 2, 2020
Benigno Alarcón Deza, 2 de marzo

Este panorama de bodegones y opulencia en algunas zonas de Caracas y de algunas otras pocas ciudades del país hace que se hable de la supuesta superación de la crisis económica como resultado de una ilusión de crecimiento y bienestar, mientras nos comenzamos a olvidar, dentro y fuera del país, de una emergencia humanitaria que para algunos pareciera haber quedado atrás. Nada más alejado de la realidad. La crisis humanitaria, como confirma el informe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, lejos de estar superada continúa agravándose, al tiempo que, contradictoriamente, se reduce la ayuda que llega al país.

La realidad económica, social y humanitaria hoy en día

Para quienes vivimos en Caracas el pasado mes de diciembre dio mucho de qué hablar por el panorama de opulencia que se exhibió en algunas pocas zonas como Las Mercedes, llena de pinos canadienses que se vendían sobre los doscientos dólares mientras las tiendas de licores y los bodegones estaban abarrotadas del clientes que buscaban sacar provecho de las promociones navideñas. Al mismo tiempo, en las noches, los restaurantes en las mejores zonas de Caracas exhibían un desfile de vehículos importados de lujo, de los modelos más recientes, que descargaban a sus felices pasajeros bajo la mirada amenazante de escoltas que seguían cada movimiento de sus contratistas desde caballos de hierro de alta cilindrada.

Es así como algunas zonas privilegiadas de Caracas, y de algunas otras pocas ciudades del país, se ven como el reflejo de una Venezuela que, en la más cruda realidad, se parecen poco o nada al 90% del país, de hecho ni tan siquiera se asemejan a las mismas ciudades donde tales burbujas se presentan, como es el caso de municipios como Sucre o Libertador que concentran la mayor parte de la población de Caracas y que nada tienen que ver con estos fenómenos de opulencia. Esta especie de burbujas económicas locales, infladas por una economía atrofiada y distorsionada que representa, si acaso, un 20% de la que algún día tuvimos, se alimenta, como explicábamos en el memo de la semana anterior, de flujos de divisas en los que se mezclan el capital producto de actividades ilegales con otros bien habidos, que entran al país en forma de remesas, ahorros repatriados para subsistir o por la inversión de algunos empresarios que se niegan a emigrar abandonando sus proyectos de vida, así como de otros, más audaces, que encuentran oportunidades rentables en medio de una crisis que no da señales de estar llegando a su final.

Tales burbujas locales han originado a su vez migraciones internas, principalmente hacia Caracas, de personas que buscan oportunidades, o al menos mejores condiciones de vida que las que pueden tener en sus propias localidades. Este panorama de bodegones y opulencia en algunas zonas de Caracas y de algunas otras pocas ciudades del país hace que se hable de la supuesta superación de la crisis económica como resultado de una ilusión de crecimiento y bienestar, mientras nos comenzamos a olvidar, dentro y fuera del país, de una emergencia humanitaria que para algunos pareciera haber quedado atrás. Nada más alejado de la realidad. La crisis humanitaria, como confirma el informe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, lejos de estar superada continúa agravándose, al tiempo que, contradictoriamente, se reduce la ayuda que llega al país.

Tal situación ha exaltado las asimetrías socio-económicas, haciendo visible una profunda desigualdad que es impulsada por unos cambios en la política económica que, lejos de liberalizar la economía, buscan la sobrevivencia del régimen en detrimento de la atención a los más vulnerables en un momento en el que la crisis social y económica pareciera no terminarse de encontrar con la política. El tema de las asimetrías se agrava justamente con la implementación de estas políticas, que si bien logran salvar a algunos e incluso enriquecer a otros, deja por fuera a la mayoría de una población que queda totalmente excluida y en peores condiciones por la desaparición del Estado como proveedor de bienes y servicios públicos. Es así como hoy vemos un gobierno que, pese a las presiones internas y externas, ha logrado mantenerse en el poder al haberse vuelto muy fuerte en lo represivo mientras está totalmente ausente en otras áreas como la educación, la salud, la alimentación o los servicios públicos, dejando a la población en un grado extremo de vulnerabilidad.

En sentido opuesto a lo que algunos afirman, Venezuela continúa atravesando por la mayor contracción económica de su historia (70% de caída del Producto Interno Bruto desde 2013) y uno de los procesos hiperinflacionarios más largos registrados en el mundo (27 meses) que se inicia en 2017 y continúa hasta hoy en día con un mes de enero que cerró en alrededor del 60% de inflación, tal como lo confirma el informe del Programa Mundial de Alimentos hecho público la semana pasada (https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP_VEN_FSA_Main%20Findings_2020_espanol_final.pdf), que es la medición más sólida que se tiene actualmente dada la calificación profesional de los funcionarios de Naciones Unidas que trabajaron para preparar este estudio estadístico. Este estudio estima que una de cada tres personas en Venezuela (32.3%) está en situación de inseguridad alimentaria y necesita asistencia inmediata. Asimismo se señala que casi uno de cada cinco hogares (17.8%) tiene un nivel inaceptable de consumo de alimentos, del cual un 12.3% tiene consumo de alimentos límite y un 5.5% un consumo pobre. Asimismo, el informe destaca que un 33% de los hogares ha aceptado trabajar a cambio de comida para poder sobrevivir.

Esto ha implicado para los venezolanos recurrir a unas serie de estrategias de supervivencia entre las cuales el Programa Mundial de Alimentos ha identificado que:

  • 74% de las familias ha venido reduciendo la variedad y calidad de la comida;
  • 60% de los hogares reportó haber reducido el tamaño de la porción de sus comidas;
  • 33% de los hogares ha aceptado trabajar a cambio de comida;
  • 20% ha vendido bienes familiares para cubrir necesidades básicas y
  • 6 de cada 10 familias han gastado sus ahorros en comida.

La situación descrita implicaría que en la medida que las familias van agotando las estrategias de sobrevivencia utilizadas para mantener un consumo básico de alimentos no podrían continuar cubriendo sus necesidades nutricionales en el corto plazo, lo que afectaría principalmente a las poblaciones más vulnerables, o sea, niños y niñas, mujeres embarazadas y lactantes, así como adultos mayores.

En medio de esta dramática situación nos encontramos con que la cooperación humanitaria internacional no está llegando a las poblaciones objetivo por múltiples razones, entre ellas, una especie de relajamiento y sensación de que la crisis se ha venido superando, además las barreras de acceso territoriales impuestas por grupos delincuenciales armados con fines de control político, a lo que se suma una exacerbación de las prácticas clientelares y la corrupción presente en todos los procesos y que tiende a agravarse de manera proporcional.

Tal situación hace mucho más difícil la distribución de la ayuda humanitaria que, con frecuencia tropieza con la presencia de grupos estatales o paraestatales que detentan el control territorial y que con frecuencia conforman alcabalas insalvables para que la ayuda llegue a su destino e incluso hacen imposible la realizacíón  de estudios y diagnósticos que permitan una mejor gerencia de lo  requerido.

Esta situación que afecta de manera muy significativa la vida de alrededor de la mitad de la población que no logra adaptarse a las condiciones que caracterizan a la nueva dinámica social del país, está generando un desmoronamiento de la nación, que trastoca incluso la forma en que la gente se relaciona, incluso en espacios tradicionales de encuentro como la iglesia, la cancha en el barrio o las áreas de esparcimiento en la urbanización, al tiempo que se produce un agotamiento en los ánimos de la gente que, ya en nuestra última encuesta de cierre del año pasado, se traduce en un aumento de los venezolanos que buscaban escapar o evadir el conflicto mediante la emigración (12%) o adaptándose para sobrevivir (22%).

Tal agotamiento es un fenómeno común en autoritarismos extendidos como el venezolano, pero en la medida que tal agotamiento se consolida y la gente se siente incapaz para producir un cambio, menos necesarias se hacen las acciones represivas del régimen ganándose una mayor estabilidad, como ha sucedido en casos como el de Cuba y Zimbabue.

Asimismo, se nota un nivel importante de agotamiento en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales para atender los temas políticos, y aún mucho más los relacionados con la crisis humanitaria y social. Esta situación coloca al país ante el peligro de entrar a formar parte de la lista de emergencias humanitarias olvidadas que, como destaca FAO, incluye  casos como el de Afganistán, Sudán, Siria, Bangladesh la República Centroafricana, Haití, Iraq, Myanmar y el Sahel.

Tal peligro aumenta en la medida que se reduce la presión ejercida por la emigración masiva de venezolanos al exterior, que es uno de los factores que ha impactado a la posición política de muchos países y los ha obligado a fijar posición sobre el caso venezolano. La reducción actual de la emigración, al contrario de lo que algunos han interpretado, no implica una mejora de la situación, sino que, por el contrario, responde a las mayores dificultades para emigrar, que tienen que ver con los requisitos implementados por los países receptores para elevar las barreras a la entrada de venezolanos y con la hostilidad que se ha comenzado a manifestar en algunos países por la presencia masiva de migrantes de nuestro país, pero además porque quienes van quedando conforman una población más vulnerable, con menos fortalezas para emigrar, que está conformada en muchos casos por personas adultas y ancianas que no podrían conseguir trabajo en otros lugares, así como por niños que quedan muchas veces bajo el cuidado de estos adultos que conforman justamente los dos externos mas vulnerables en estos procesos.

Y entonces ¿Qué hacer?

Una crisis estructural de la magnitud de la venezolana no puede ser resuelta mediante la aplicación de medidas humanitarias, generalmente diseñadas para atender situaciones coyunturales, lo que tendrá consecuencias inevitables para el futuro del país que van desde la pérdida del bono demográfico a la necesidad de reformular muchas de sus políticas públicas futuras para adaptarse a una población cuyo promedio de edad cambió dramáticamente como resultado de una emigración que se llevó a un 20% de la población compuesta principalmente de jóvenes y personas en el momento de mayor capacidad productiva. Tales dificultades no pueden traducirse en excusas para no atender a las poblaciones más vulnerables cuya vida depende de lo que se haga en lo inmediato.

Resultan inaceptables, en términos éticos y políticos, aquellas posiciones que condenan la ayuda humanitaria alegando que las crisis económicas y sociales cambian gobiernos y que cualquier mejora en la situación, ayuda a su estabilización. Esto no es cierto, y es aún menos cierto que cuando estas situaciones producen cambios de gobierno, sean necesariamente hacia mayor democracia. Como pruebas recientes de ello tenemos los cambios en Egipto y Zimbabue. Tales crisis, por lo general, en la medida que se extienden en el tiempo tienden a desmovilizar a la población al hacerla más vulnerable y dependiente del gobierno. Las dictaduras más longevas suelen florecer, precisamente, en entornos de mayor destrucción económica y social.

Tampoco es aceptable la inacción que se justifica en la no cooperación del gobierno o en aquellas declaraciones, del mismo gobierno, que tratan de ocultar la magnitud de la crisis, hablan de su superación o buscan politizarla para hacer lucir todo el esfuerzo humanitario realizado desde ONG locales y entes internacionales como iniciativas vinculadas a esfuerzos de desestabilzación liderados por la oposición y sus aliados internacionales, con lo que solo se busca la inhibición de todos aquellos actores que no tienen el aval del régimen y el control de todo recurso destinado a la asistencia social a los fines de apuntalar una mayor dependencia clientelar de la población.

Si bien es cierto que la crisis social y humanitaria que atraviesa el país no ha sido el resultado de una catástrofe natural, sino que tiene su origen en lo político, la no intervención en los asuntos políticos internos no puede convertirse en una justificación para ignorar esta realidad que compromete la vida de un tercio de la población nacional. Pero al ser ésta una crisis generada por el conflicto político, la estrategia debe considerar esta realidad evitando que el hecho político se convierta en un obstáculo para su atención o su invisibilización y, por el contrario, se deben buscar los mecanismos para visibilizarla en su verdadera magnitud y para atenderla en la medida de las necesidades que se generan, comprendiendo siempre que la verdadera superación de la crisis social y humanitaria pasa por la resolución del conflcito político, que es en lo que debe centrarse la mayor parte de los esfuerzos de la comunidad internacional y los liderazgos sociales y políticos locales y no en asumir una actitud convenientemente complaciente que ignore el origen político de la crisis y la necesidad de su resolución, permitiendo al régimen continuar instrumentalizando clientelarmente el estado de necesidad de la población para manipularla política y electoralmente.

Finalmente, no resultan tampoco aceptables aquellas excusas que hablan de que habiendo disponibilidad de recursos, estos no pueden entregarse porque las organizaciones locales no tienen la capacidad para distribuirlos o porque la corrupción afecta la eficacia de las operaciones. La magnitud de la crisis venezolana demanda planes de más largo aliento, basados en proyectos multi-anuales, que consideren las dificultades propias del país, así como las dificultades de ejecución, consecuencia de las sanciones financieras y las demás características propias de la situación venezolana, antes descritas. Tanto la comunidad internacional, como las organizaciones que se dedican a la asistencia humanitaria en Venezuela tienen los recursos morales e intelectuales, así como medios de Contraloría, que nada tiene que envidiarle a ninguna otra iniciativa, para garantizar el uso adecuado de los recursos materiales que la comunidad internacional pueda facilitar para la atención del caso venezolano.