Las Academias Nacionales, en cumplimiento de sus mandatos de creación y en su deseo de contribuir a la mejor conducción de nuestro país, se pronuncian una vez más sobre la ilegitimidad de una mal llamada asamblea nacional constituyente, resultado de unas elecciones no solicitadas por el pueblo soberano, según lo exige la Constitución vigente en su artículo 63 en cuanto a los principios que debe regir todo sufragio para cargos populares, elecciones que además han sido admitidas como fraudulentas por el propio prestador de servicios informáticos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las circunstancias de la convocatoria en violación del texto constitucional y el empeño de proseguir con una intención constituyente han sido tan patentes que han merecido el desconocimiento y la condena internacionales. Desde su instalación, esta asamblea ha pretendido constituirse en un poder supraconstitucional, asumiendo funciones propias de los poderes establecidos del Estado venezolano y decidiendo materias sobre las cuales carece de atribuciones.

Entre otras facultades usurpadas, esta asamblea ha destituido y nombrado -a conveniencia partidista- funcionarios diversos del Poder Moral, amenaza la inmunidad parlamentaria y está interfiriendo en las elecciones regionales que están claramente definidas en el texto constitucional y otras leyes al respecto, elecciones que no son una concesión gratuita del gobierno, ni mucho menos de esa asamblea, sino un derecho constitucional aplazado intencionalmente por el CNE desde el año pasado. Las actuaciones de dicha asamblea, radicalmente nulas y que apuntan al desmantelamiento de las instituciones republicanas y a instaurar una dictadura, han merecido el repudio de la Unión Europea, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, un grupo importante de gobiernos hemisféricos y organizaciones diversas ocupadas en temas de derechos humanos, libertad y democracia en todo el mundo.

Este quebrantamiento buscado del orden constitucional no conlleva solución alguna a los gravísimos problemas económicos y sociales que aquejan a la población venezolana en términos de inflación, seguridad, nutrición, salud, educación y ciudadanía, dentro de lo cual debemos enfatizar el irrespeto a derechos humanos fundamentales. Por el contrario, conduce a un mayor deterioro del estado de derecho sobre el cual se fundamenta el progreso justo, sano y próspero de cualquier país que se precie de desarrollado o en vías de serlo.

En tal razón, las Academias Nacionales claman por la verdadera paz para el pueblo venezolano y una vez más hacen un llamado a los poderes fácticos para que retornen al orden constitucional establecido en la Carta Magna aprobada por el pueblo en 1999, lo cual ha sido una exigencia masiva de la sociedad venezolana, apoyada por numerosas organizaciones civiles y políticas dentro y fuera de Venezuela. En la defensa de ese texto está contenida la salvaguardia de la convivencia social y política requerida para el fortalecimiento de las instituciones, de los derechos humanos, de la democracia y la libertad.

En Caracas, a los quince días del mes de agosto de 2017

Horacio Biord Castillo
Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua

Inés Quintero Montiel
Directora de la Academia Nacional de la Historia

Alfredo Díaz Bruzual
Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Gabriel Ruán Santos
Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Gioconda Cunto de San Blas
Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

Humberto García Larralde
Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas

Gonzalo Morales
Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat