La reforma propuesta contraría el Estado Social de Derecho y establece las bases hacia una doctrina socialista, donde la intervención del estado Social de Derecho en procura de la justicia social como base del sistema económico, se transforma en un intervencionismo autoritario, que se configura en la discriminación y exclusión del pensamiento disidente y la restricción de los espacios democráticos, legitimando la intolerancia política. Ello, en la práctica, se traduce en la relativización de los contenidos formales y los supuestos universalmente reconocidos y aceptados que soportan el Estado de Derecho en las sociedades democráticas contemporáneas.
El socialismo propuesto constituye el tránsito hacia un modelo de sociedad regimentado, con un estado sobredimensionado, que controla de forma absoluta el aparato productivo, las formas de organización social y las instituciones formadoras de valores, culturas y saberes, todo ello, con el fin de asegurar la concentración del poder y el gobierno perpetuo.
En conclusión, el pluralismo político, como valor superior del ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho, basado en la democracia, se constituye en uno de los obstáculos que el gobierno pretende eliminar para dar paso a una sistema político sustentado en la hegemonía de una ideología que consagra el pensamiento único.
De la progresividad al retroceso en materia de derechos humanos
Esta reforma supone una regresión que se acerca más a una régimen autoritario que a un gobierno democrático. Por cuanto la vigencia de las garantías constitucionales estaría sujeta a la discrecionalidad del gobierno, quien podría suspender las mismas en claro menoscabo de los parámetros internacionales en materia de derechos humanos. Aunado a ello, la propuesta de reforma elimina la intervención del Tribunal Supremo de Justicia y el respeto de las exigencias, principios y garantías en los pactos internacionales reconocidos por nuestro país, lo cual merma en forma sustancial la garantía del respeto a los derechos fundamentales del hombre.
La propuesta niega la libertad económica, elimina el rol del estado como promotor de la iniciativa privada, restringe el derecho de propiedad y establece un sistema económico planificado y controlado, desde la única óptica del gobierno y sus partidarios. Por tanto, los derechos y libertades individuales serían, a nuestro juicio, el segundo gran obstáculo que el gobierno pretender reducir.
La ficción del poder popular
El propio espíritu general de la reforma establece una masiva concentración del poder en manos del gobierno nacional, encarnado éste, en la figura del presidente de la República. El Poder Nacional desde la exclusiva voluntad de la presidencia de la República, es quien determina y reconoce al Poder Popular, al definir la existencia de la ciudad comunal, espacio natural de este último. El Poder Popular, nacería entonces de la voluntad del Presidente y no del sufragio, lo cual le daría un carácter de subordinación y no de verdadera autonomía, como se pretende ofrecer.
Una constitución que representa una visión parcial del país anula la noción de Sociedad Civil. En este sentido, la forma de organización de los ciudadanos se limitaría a los Consejos Comunales, restringiendo la libre participación y el derecho de asociación, contraviniendo principios establecidos tanto en la vigente constitución como en los tratados internacionales suscritos por el estado venezolano. Concluimos entonces que el poder popular en manos del pueblo es un impedimento, que puede revertirse al disfrazar de soberanía un poder restringido y regimentado desde su propio origen.
La división de poderes versus la centralización del poder
Con la propuesta de reforma, se desvirtúa la necesaria división entre las distintas fuentes del poder y control del Estado. Aseveración ésta que sustentamos en: la disminución de la autonomía de la Sociedad Civil, la anulación del pluralismo político, el aumento en las restricciones a los mecanismos de participación democrática, la pérdida de autonomía del Banco Central de Venezuela, la pérdida del principio de alternabilidad democrática y el
redimensionamiento del rol de ejecutivo nacional, a través de la ampliación desmesurada de las facultades y atribuciones del Presidente de la República, quien se transforma en el controlador único del estado, sin mayores mecanismos de control de su gestión. Una división de poderes donde se subroga la función legislativa otorgándosela al presidente y con Poder Judicial, que pierde su investidura autónoma y se desvía de la función de garante de los derechos ciudadanos. Se pierde por tanto la noción de Estado Social de Derecho y de
Justicia, lo cual es tangible al eliminar la noción de la Administración Pública al servicio de los ciudadanos y convertirla en un instrumento de servicio al Poder Público, que como hemos visto, no es más que al servicio del Presidente.
La nueva división territorial, reforzaría el proceso de recentralización política en Venezuela, lo que en forma muy directa podría conducir al debilitamiento de la representatividad de las regiones, en las decisiones políticas del Estado, reservándose el ejecutivo el monopolio de la acción política. Este traslado de la soberanía, que residiría en el presidente y no en el pueblo, afectaría considerablemente el ejercicio de la ciudadanía, constitucionalizando la renuncia de los derechos ciudadanos y el suicidio político colectivo, como única manera de alcanzar la utopía del Estado Socialista, donde toda idea en contrario se constituye en obstáculo para la revolución. De manera tal que nos encontraríamos en presencia de una fusión de tres elementos, a saber: Estado, Gobierno y Partido Político Único, como depositario-guardian de la ideología dominante; todo ello entraña una grave migración de la soberanía: del pueblo a esta trilogía de dominio.
El enemigo interno como justificación de la militarización de la sociedad
Para imponerse, esta revolución necesita radicalizarse y acentuar la dicotomía excluyente, que conduce a la identificación de un enemigo interno que permita ejercer la supuesta supremacía moral de quienes conducen el gobierno.
Al desviar la función tradicional y el carácter profesional de la FAN, convirtiéndolo en un cuerpo esencialmente patriótico, popular y anti – imperilista, se estaría oficializando un partido paramilitar, integrado por reservistas, cuyo fin es defender al gobierno de los enemigos internos, que cumplirían planes imperialistas y oligárquicos, donde milicias se transformarían en el brazo armado de la revolución.
La transformación de la Fuerza Armada Nacional, en el soporte real del régimen, se verifica en la pérdida de su carácter profesional, la omisión de la sumisión al poder civil, así como de la prohibición expresa de someterla a la voluntad de persona o caudillo alguno, Esa transformación desde el interior de la Fuerza Armada Nacional es la carta dorada de todo sistema político basado en el autoritarismo del caudillo, para someter al enemigo interno e impedir que las relaciones cívico – militares se constituyan en el último factor de defensa de la democracia.
La prospectiva de la sociedad civil venezolana, de aprobarse la nueva reforma
Las opciones que pueden presentarse una vez cloncluido el referendum, nos llevarían al mantenimiento de la radicalización. La fusión Estado – Gobierno – Partido contra los ciudadanos. Así, un eventual triunfo del NO obligaría al presidente a conceder poca importancia a las formas democráticas de acción política y a reforzar el autoritarismo del régimen, fortaleciendo los llamados motores vinculados al control de las ideologías, la cultura y los medios de comunicación, imponiendo un pensamiento único.
En el otro escenario, donde el SI resultase vencedor, se legitimarían los cambios que se han venido desarrollando, ahora en forma expresa y con ropaje constitucional.
En ambos casos, al Observatorio Hannah Arendt le corresponde velar por la vigencia de los derechos fundamentales y la defensa del sistema democrático venezolano.
