Publicado en el 2007
El observatorio / espacio anti-totalitario HANNAH ARENDT desea sumar su voz de alerta a la de otros sectores que han manifestado su preocupación por el acoso creciente a las universidades nacionales por parte del gobierno. La política del Ministerio de Educación Superior parece orientarse a minar la autonomía con la cual nuestras mejores instituciones se han ganado un merecido prestigio académico nacional e internacional. El decreto 3444 no es sino uno de tantos instrumentos para ello. Se esgrime, además, el carácter “elitesco” de nuestros mejores centros de educación superior a las cuales se acusa irresponsablemente de manejos “irregulares” para negar o atrasar la entrega de los recursos necesarios para su funcionamiento y mejora.

Señalar que las universidades nacionales discriminan a los bachilleres de escasos recursos en sus procesos de admisión sólo esconde el terrible fracaso de la educación pública en dotarlos de las herramientas con las cuales afrontar exitosamente los retos de su vida adulta, entre éstos, la prosecución de estudios en la educación superior. Forzar su entrada indiscriminada y masiva a la universidad mientras se niegan los recursos para atenderlos adecuadamente acabará irremediablemente con la calidad en la formación profesional y en la producción y difusión de conocimientos que son la razón de ser de nuestras instituciones. Negarles a los profesores universitarios sueldos dignos, señalándolos como “privilegiados”, termina desmotivando los años de preparación que demanda la actividad académica. Sembrar desconfianza respecto a la gestión de las autoridades de la UCV socava deliberadamente el régimen autonómico y responde a un ejercicio del poder político signado por la intolerancia y la discriminación, para el cual la meritocracia del talento y el libre debate de ideas constituyen un estorbo.

Las universidades son instituciones que, por excelencia, están llamadas a desmontar las construcciones ideológicas que le sirven de sustento a las pretensiones totalitarias y excluyentes, en razón de ser espacios para el debate, el contraste de ideas y el cuestionamiento de las verdades establecidas. El ejercicio ético de la academia es incompatible con la imposición de “verdades únicas” y mucho menos con construcciones ideológicas que sirven de justificación a la discriminación de personas y/o grupos de la población en desmedro de sus derechos individuales, sociales o políticos. Cabe recordar que la universidad ha sido un instrumento de primerísima importancia en la lucha contra el atraso, el oscurantismo, y contra las prácticas negadoras de la libertad de pensamiento y de los derechos humanos en general.

La moderna sociedad del conocimiento es resultado cada vez más de la aplicación del talento humano a la solución de variados problemas. Ello demanda de las universidades de excelencia participar del intercambio con las fronteras del conocimiento internacional para aprovechar los avances de la humanidad en bien de la población y para afrontar los riesgos que pueden encerrar ciertas aplicaciones de la ciencia y/o la acelerada introducción de nuevas tecnologías. La universidad puede y debe ser un poderosísimo instrumento para el desarrollo.

Los universitarios no pretendemos desconocer las insuficiencias que deben ser atendidas para que nuestras casas de estudio puedan cumplir a cabalidad con los propósitos arriba señalados. La capacidad de superarlas en aras de asegurar estadios de excelencia representa un reto permanente del régimen autonómico que estamos siempre dispuestos a asumir. Una mejor universidad necesariamente habrá de redundar en un mejor país. Es lamentable que, desde el gobierno, se pretenda socavar tan importante herramienta de progreso en aras de afianzar liderazgos retrógradas, refractarios al libre debate de ideas y la crítica constructiva.