El Observatorio Hannah Arendt, ONG auspiciada por las Universidades Central de Venezuela, Simon Bolívar y Católica Andrés Bello, denuncia la barbaridad cometida contra los procesados por los hechos del 11 de abril de 2002 al condenarlos, en flagrante desdén por las evidencias y elementos probatorios presentados en su defensa, a las máximas penas. Tal condena, a todas luces previamente arreglada, pisotea los derechos humanos y la dignidad humana de imputados y familiares. Aunado a la tortura y la humillación a que fueron sometidos al prolongar el juicio y su reclusión en la prisión por más de cuatro años con toda suerte de argucias y trampas, pone tristemente de manifiesto que los tribunales han pasado a ser instrumento cruel para la ventilación de odios y para la retaliación política del presidente Chávez. Una vez más queda expuesta la doble moral “revolucionaria” cuando, por estos mismos hechos y contando con mucho más elementos probatorios, fueron absueltos los pistoleros de Puente Llaguno, quienes más bien fueron celebrados como “héroes”. Esta justicia torcida, degradada, añade a sus indignidades la persecución de Manuel Rosales, ex gobernador del Zulia, y el atropello puesto en evidencia con la captura de quien fuese hasta hace poco elogiado como el salvador de Chávez, Raúl Isaías Baduel. Junto a muchos casos más ponen de relieve la vergonzosa obsecuencia para con el “hombre fuerte” venezolano de jueces, militares y policías y, con ello, la destrucción de lo poco que queda del estado de derecho en nuestro país.
La politización de la justicia, así como la judicialización de la política para eliminar a adversarios con argucias y montajes en apariencia legales, encuentra su más claro antecedente en las prácticas nacionalsocialistas que prohibían la “deslealtad” ante al pueblo alemán y las actividades consideradas de “traición”. Validos de instrumentos jurídicos represivos y discriminatorios, el gobierno nazi, con la complicidad abierta y el celo fanático de muchos jueces, fiscales y otros juristas, cometió las barbaridades más grandes, amparadas todas en una muy “elástica” aplicación de la ley. La siembra de terror entre la población disidente constituyó una poderosa herramienta, sin duda, para el ejercicio absolutista del poder nacionalsocialista y el uso sesgado del sistema judicial en ello fue instrumental. Como dijera Göring a fiscales públicos el 12 de julio de 1934, “La ley y la voluntad del Führer son una sola”. El propio Hitler llegó a reclamar su papel como “juez supremo del pueblo alemán”, incluyendo poderes para llevar a la muerte a quien quisiera.
Durante la primera convención nacional de juristas en Leipzig, en octubre de 1933, 10.000 jueces y profesionales del derecho juraron con sus brazos derechos alzados en saludo nazi, con las siguientes palabras: “Como juristas alemanes nos empeñaremos a seguir la ruta trazada por usted, nuestro Führer, hasta el final de nuestros días.” Una versión criolla, bastante más tardía y tropicalizada de estos votos de lealtad, fue el saludo al presidente Chávez de los jueces reunidos en el Palacio de la Justicia venezolano en ocasión de iniciar el Año Judicial 2006, con el slogan propagandístico, “¡Uh, Ah, Chávez no se va!”. La barbaridad cometida contra los comisarios y policías imputados confirma, lamentablemente, que lo que ocurre hoy en Venezuela es más que una simple coincidencia.
Heinz R. Sonntag, Director General Humberto García Larralde, Sub-Director General
