Empezó con el nombramiento de los que habían sido gobernadores de algunos estados, ministros del Gabinete ejecutivo: Diosdado Cabello y Jesse Chacón, por ejemplo, pese a que contra ellos existen legajos bien documentados de corrupción en el ejercicio de sus cargos anteriores.
Continuó con un conjunto de leyes contra un orden democrático que su cohorte, esto es, la Asamblea Nacional, aprueba o está aprobando sin la menor resistencia (con la excepción de algunos pocos diputados antes aliados con él): la de la creación del Distrito Capital y el nombramiento a dedo de su «autoridad única», la de propiedad social, la electoral, la de educación primaria y secundaria y otras. Luego refrenda el carácter militar del sistema, con la creación de la «milicia» y la designación de generales y almirantes como voceros de su desprecio a la parte del pueblo venezolano que no quiere seguirle en su proyecto, y voceros de su marca registrada de saludo (comparable al de Heil Hitler de la época nacionalsocialista en Alemania). En seguida, promueve su proyecto geopolítico con la ALBA y las intrigas e intríngulis de Honduras. Se lanza (desde hace más tiempo) contra la autonomía de las universidades, con el apoyo de ministros (como los señores Moncada y Acuña) que todavía se denominan «profesores», a pesar de que el código de ética de los docentes universitarios tiene como uno de sus principios fundamentales que es deber de ellos defender la autonomía y la inviolabilidad del recinto universitario (roto con el envío de las hordas bolivarianas para destruir hasta las infraestructuras, especialmente en la UCV).
El colmo es lo que está pasando en los últimos días. No solamente encarga a su discípulo (¿y eventual rival en el PSUV?) Diosdado Cabello la «depuración» del sistema radiofónico y televiso con la eliminación de 240 estaciones de radio y de TV, sino «convence» a la fiscal general de la República a someter ante la AN un proyecto de «ley contra los delitos mediáticos». El objetivo de ambas medidas es claro: lograr el control absoluto de la opinión pública (y, con ello, la de usted, estimado lector, y de los que escribimos y escuchamos críticamente las loas de la hegemonía comunicativa del régimen). Poca duda cabe de que la AN apruebe el proyecto de la fiscal, mientras que la orden a Cabello ya está siendo ejecutada. Pese a todas las protestas contra estas leyes y medidas por ONG y gremios profesionales, es más que seguro que la AN («las focas amaestradas», como las llamó un amigo de los que escribimos y hablamos por radio y TV) las sancione.
La única resistencia que nos incumbe a los de la alternativa democrática es una protesta masiva y activa. Todavía no es demasiado tarde. Si no, ¿qué es los que nos caerá encima? La última salida es la esperanza.
Ésta, sin embargo, no es una «acción», como dijo Hannah Arendt, sino que se ahoga en la apatía.
